El juez Alexandre de Moraes emitió la orden el lunes, argumentando que Bolsonaro incumplió las restricciones impuestas previamente por el tribunal, incluyendo el uso de redes sociales y teléfonos celulares.
La orden estipula que Bolsonaro grabó discursos para ser publicados en las cuentas de redes sociales de otros usuarios, en las que se ve su tobillera electrónica.
Moraes afirmó que esto contravenía una orden que prohíbe la “explotación de entrevistas o discursos públicos o privados publicados en redes sociales de terceros”.
Bolsonaro cumplirá arresto domiciliario en su residencia y no podrá recibir visitas, salvo las de sus abogados y las personas autorizadas por el tribunal. El expresidente también tiene prohibido usar el teléfono celular, directamente o a través de terceros.
El hijo mayor de Bolsonaro, el senador Flavio Bolsonaro, criticó la decisión del tribunal y dijo que su padre nunca había desobedecido una orden judicial.
“Estamos oficialmente en una dictadura. Esta es una página triste en la historia de Brasil”, afirmó.
En febrero, Jair Bolsonaro fue acusado en relación con un supuesto intento de golpe de Estado para anular los resultados de las elecciones de 2022 e impedir que su oponente, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, asumiera el poder. Parte del intento de golpe, según la fiscalía, implicaba un plan para asesinar a Lula, a su vicepresidente y a un ministro del Tribunal Supremo.
Bolsonaro ha negado cualquier irregularidad.
El presidente de EE.UU. Donald Trump, aliado de Bolsonaro, ha criticado el juicio contra el expresidente brasileño, calificándolo de “motivado políticamente”. La semana pasada, firmó decretos que imponen un arancel del 50 % a Brasil, tras amenazar con hacerlo si el país no ponía fin al juicio contra Bolsonaro.
Estados Unidos también ha sancionado al juez Moraes por lo que considera “graves violaciones de derechos humanos” y ha anunciado restricciones de visado contra él y otros funcionarios judiciales por el juicio a Bolsonaro.
La semana pasada, Lula criticó duramente a Estados Unidos por imponer aranceles a las exportaciones brasileñas y por sancionar al juez del Supremo Tribunal Federal. Acusó al gobierno estadounidense de interferir en el sistema judicial brasileño, una medida que calificó de
