Una investigación reciente revela que buques chinos, incluidos algunos sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por pesca ilegal, trabajo forzado y violencia sexual, operan en el Pacífico Sur y, como cada año, cruzarán al Atlántico, con el Mar Argentino como nuevo objetivo. Lo novedoso es que varios de estos barcos ahora hacen base en puertos chilenos, como Arica e Iquique, convirtiendo al país trasandino en un nuevo hub logístico para la flota.
Según el informe del experto en pesca Milko Schvartzman (Círculo de Políticas Ambientales), desde mediados de 2024 se registró un aumento de buques chinos en puertos del norte de Chile, mientras que los ingresos a puertos peruanos cayeron drásticamente tras el endurecimiento de controles por pesca ilegal. “Esto facilitará la estancia, permanencia y explotación de los buques chinos en el Mar Argentino”, advirtió Schvartzman.
La flota china opera con hasta 600 embarcaciones simultáneas en Sudamérica, subsidiadas con millones de dólares por el gobierno chino para combustible, construcción y operación, y apoyadas por una red de buques refrigerados y tanqueros que ocultan la trazabilidad de la pesca. Entre los barcos que recalcan en Chile se encuentran los Fu Yuan Yu 7871 y 7872, sancionados por Estados Unidos y señalados por prácticas depredatorias, incluido el “aleteo de tiburón” y la captura de especies protegidas.
El informe destaca que el cambio hacia puertos chilenos genera una contradicción: mientras Chile aspira a liderar iniciativas de conservación marina, brinda apoyo logístico a flotas con antecedentes de violaciones a derechos humanos y depredación de ecosistemas.
La experiencia peruana demuestra que los controles estrictos y sistemas de rastreo satelital limitan la presencia de estos barcos en su ZEE, pero la flota china ha encontrado en Chile un refugio donde las regulaciones son más flexibles. Expertos advierten que, con el soporte logístico chileno y uruguayo, la flota china podrá acceder más fácilmente al Mar Argentino en los próximos meses, aumentando la presión sobre los recursos pesqueros y la gobernanza marítima regional.
Este fenómeno pone en alerta a autoridades ambientales, organizaciones de pesca y gobiernos de Sudamérica ante la combinación de subsidios estatales, pesca ilegal y vulneración de derechos humanos en una de las zonas marítimas más ricas del planeta.
Fuente: Infobae.
