El ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, presentó la situación de Río Negro en la reunión de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, convocada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, detallando el impacto del fuego, que consumió 3.825 hectáreas y afectó gravemente la actividad productiva, perjudicando a más de 150 productores ganaderos, forestales, frutícolas y hortícolas.
De acuerdo con el informe técnico analizado por la Comisión, el incendio destruyó 2.069 hectáreas de bosque nativo, 166 de plantaciones forestales y 250 de chacras agropecuarias, con daños en viviendas, sistemas de riego y equipamiento productivo.
Durante el encuentro, Banacloy expuso cómo se originaron los incendios y el esfuerzo coordinado entre SPLIF, Bomberos, Defensa Civil, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el Ejército y otros actores para contener la emergencia.
Además, destacó las medidas provinciales en marcha, como la distribución de forraje y el lanzamiento de líneas de financiamiento por más de $1.800 millones para la recuperación productiva.
Los siniestros ocurrieron en "una zona muy poblada, con muchos vecinos, con distintos tipos de construcciones", afectando a aproximadamente 700 familias.
Las condiciones climáticas extremas, con temperaturas elevadas y vientos de hasta 80 km/h, complicaron las tareas de los brigadistas, ya que el fuego se propagó rápidamente, avanzando nueve kilómetros en cinco horas y generando múltiples focos secundarios.
Banacloy también subrayó la complejidad de combatir un incendio de interfase, donde la prioridad es resguardar vidas humanas, seguido de la protección de bienes materiales y, en tercer lugar, la preservación de la naturaleza y el bosque.
En ese sentido, el informe analizado por la Comisión advirtió sobre el impacto ambiental, la pérdida de biodiversidad y la afectación de 151 hectáreas de humedales, fundamentales para la conservación del ecosistema y la actividad apícola. También señala que se perdieron sistemas de riego, invernaderos, colmenas y producción frutihortícola, con un 25% de la frambuesa de la región destruida.
El gobernador Alberto Weretilneck ya había declarado la emergencia y el desastre agropecuario a nivel provincial a través del Decreto 75/2025, en vigencia desde el 1 de febrero por el plazo de un año. A través de este decreto, se solicitó a la Comisión Nacional la adopción de la misma medida a nivel nacional, lo que finalmente se concretó en la reunión de hoy.
En el encuentro participaron representantes del INTA, SENASA, la Agencia de Recaudación Tributaria (ARCA) y autoridades nacionales del área agropecuaria.
