Tras una jornada de protestas de trabajadores en todo el país, el Ejecutivo ratificó su decisión por un decreto publicado en el Boletín Oficial.
Nacionales08 de julio de 2025 Redacción
El Gobierno nacional oficializó este lunes la disolución de organismos clave relacionados con la infraestructura vial y la seguridad en el transporte, ratificando su decisión a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial.
La drástica reestructuración, que venía gestándose y ya había generado masivas protestas de trabajadores en todo el país, busca, según el Ejecutivo, una gestión más eficiente y transparente, eliminando duplicidades y gastos innecesarios.
El marco legal de la reforma
La decisión se concretó con la publicación del Decreto 461/2025 en el Boletín Oficial, una normativa que lleva las firmas del presidente Javier Milei, y los ministros Guillermo Francos, Luis Caputo y Patricia Bullrich. Este instrumento legal dispuso la disolución total de tres entidades fundamentales: la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
Además de las disoluciones, el decreto inició un proceso de reorganización profundo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y de la Junta de Seguridad en el Transporte.
Estas medidas se oficializaron tras una jornada de intensas protestas de los trabajadores de estas dependencias descentralizadas, quienes expresaron su rechazo a la medida en diversas provincias.
Nueva arquitectura del control vial y del transporte
Uno de los pilares de esta reforma estatal es la transformación de la CNRT, que a partir de ahora pasará a denominarse “Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte”.
Este nuevo organismo estará bajo la órbita del Ministerio de Economía y se erigirá como la Autoridad de Aplicación de las concesiones viales.
Su misión principal será concentrar funciones que requieren de autonomía funcional y operativa, acumulando facultades de los organismos disueltos.
La flamante Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte asumirá unas 15 funciones principales.
Entre las más destacadas se encuentran la fiscalización de los contratos de concesión viales, ferroviarios y del transporte terrestre de jurisdicción nacional.
También tendrá la potestad de aplicar sanciones ante incumplimientos de las normas legales, velar por la protección de los derechos de los usuarios de los servicios públicos de transporte nacional, conducir o encomendar investigaciones técnicas, y percibir y fiscalizar el cobro de tasas, derechos y aranceles por control o fiscalización en el marco de sus competencias.
En paralelo, el mismo decreto dictó la reorganización de la Junta de Seguridad en el Transporte. Esta entidad reducirá considerablemente su alcance y gasto, y pasará a llamarse “Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación”.
Su ámbito de actuación quedará limitado exclusivamente al transporte aéreo civil, con el fin de cumplir con los estándares técnicos y normativos establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Las razones oficiales tras el ajuste
Según un comunicado oficial, estas decisiones responden a una “necesidad de mejorar el funcionamiento del Estado”.
El Gobierno argumenta que busca realizar una gestión más eficiente, ágil y transparente, reduciendo costos operativos, eliminando duplicidades y concentrando funciones estratégicas bajo un esquema profesionalizado y controlado.
El texto oficial es contundente al afirmar que con la disolución de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la ANSV y la DNV, se “eliminan cajas de la política y estructuras administrativas” que incrementaron sus gastos para sostener personal y tareas consideradas hoy “innecesarias”.
sta innecesariedad, según el Ejecutivo, se debe a los avances tecnológicos y a las medidas impulsadas a través de la desregulación del transporte.
La medida ha sido tomada en la antesala del vencimiento de las facultades delegadas por el Congreso Nacional para aplicar la Ley Bases, un plazo que se cumple este miércoles 9 de julio. Este contexto temporal subraya la celeridad y la prioridad que el Gobierno ha otorgado a estas profundas reformas en el ámbito de la vialidad y el transporte.
Se publicaría en el Boletín Oficial antes del 8 de julio próximo; incluiría, además, la disolución de varios entes referidos a la movilidad y el transporte
La medida se comenzó a implementar desde el día lunes, pero ahora se sumaron las estaciones que cuentan con contrato firme. También afecta a las industrias.
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