Fue en el marco de una sesión que se celebró este lunes en Nueva York, EE.UU. 168 países que formaron parte del encuentro se pronunciaron a favor -uno de ellos fue Estados Unidos, con el que la administración Milei busca alinearse en materia de voto. Israel, otro aliado estratégico del Gobierno, no participó de la asamblea-. Hubo además siete abstenciones: Francia, Laos, Lituania, Mali, Rumania, Bulgaria y Eslovaquia.
La primera versión del documento de resolución fue presentada en el mes de octubre. El pasado lunes se hizo entrega ante el organismo de un nuevo borrador, que tiene la rúbrica de 22 países miembro: Armenia, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estonia, Finlandia, Guatemala, Honduras, México, Islandia, Liberia, Noruega, Nicaragua, Perú, Paraguay, Suecia y Venezuela. El escrito busca adherirse, en rasgos generales, a la protección de los derechos de comunidades originarias en cuestiones como justicia, medioambiente y preservación de creencias espirituales, conocimientos ancestrales y lenguas.
Al momento de hacer uso de la palabra, la ministra plenipotenciaria de la tercera comisión de la misión permanente de Argentina ante Naciones Unidas, Andrea Repetti, explicó la postura del país: “La Argentina favorece la protección de los derechos de las poblaciones indígenas en sus diversas tradiciones culturales en la medida en que la riqueza y la diversidad cultural aporta a la vida social (sic). Considera sin embargo que en el documento sujeto a votación no figura suficientemente garantizado el acceso a los derechos humanos a las poblaciones indígenas sin discriminación”.
Y concluyó: “La afirmación de la promoción de prácticas ancestrales puede dar lugar a la validación de tradiciones que podrían estar encontradas con los derechos fundamentales de mujeres y niñas, o el derecho a la salud y acceso al progreso científico. El uso de terminologías ambiguas y amplias dificulta y confronta con derechos humanos de garantía universal. Argentina celebra el respeto a la libertad religiosa y cultural de todas las personas, siempre en el marco de la universalidad de los derechos humanos para todos y quiere seguir contribuyendo y trabajando para que esa garantía sea realidad sin discriminación alguna”.
En redes sociales, el exministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto durante la gestión de Alberto Fernández, Felipe Solá, lamentó la toma de posición del Gobierno. “En la primera votación del nuevo canciller de la nación, Argentina fue el único país de la ONU que voto en contra de una resolución sobre derechos de los pueblos indígenas. Con 185 votos a favor, 6 abstenciones y una ausencia, nos opusimos a proteger las comunidades originarias”, escribió en X.
Qué dice la resolución por la que la Argentina votó en contra ante la ONU
A lo largo de la resolución de 16 páginas, se destaca la importancia de promover y tratar de lograr los objetivos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas también mediante la cooperación internacional para apoyar la concertación de esfuerzos e instrumentos a los niveles nacional y regional con el propósito de alcanzar los fines de la Declaración, incluidos el derecho de los pueblos indígenas a conservar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales y su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.
“Es necesario reconocer, respetar, promover y proteger los derechos de los pueblos indígenas y sus territorios, tierras y ecosistemas, salvaguardando al mismo tiempo sus tradiciones, creencias espirituales y conocimientos ancestrales, de reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado, y de garantizar su derecho a participar en la adopción de decisiones sobre asuntos que afecten a sus derechos, con arreglo a la legislación”, señala en uno de sus párrafos.
Expresa asimismo “profunda preocupación por el aumento de la discriminación, el discurso de odio, la estigmatización, el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia” y condena “amenazas, hostigamiento, represalias y asesinato de miembros de los Pueblos Indígenas, en particular mujeres y niñas, y personas con discapacidad, a menudo con impunidad, así como de invasiones de tierras, desalojos forzosos arbitrarios y otras prácticas abusivas”.
“Mostramos también preocupación por la práctica de algunos países, incluidos los que celebran reuniones sobre cuestiones indígenas, de demorar o denegar de forma intencionada o discriminatoria visados de entrada a titulares de mandatos de las Naciones Unidas o representantes de los pueblos indígenas, o de aplicarles restricciones de viaje adicionales que interfieren, entre otras cosas, con su capacidad para participar en esas reuniones o para regresar de ellas”, completa.
