Según el informe del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, se registró un incremento interanual del 10,6% en la cantidad de víctimas directas de femicidio en nuestro país. Se informa que durante el año 2023 hubo 250 víctimas directas de femicidio, mientras que en el año 2022 se registraron 226 casos. En promedio en el país en el año 2023, hubo una víctima directa de femicidio cada 35 horas y una víctima de la violencia letal de género cada 32 horas (incluyendo también a las víctimas de femicidio vinculado).
En la provincia de Río Negro durante el año 2023 se registraron cuatro muertes violentas de mujeres. También ingresaron 11.663 causas por violencia familiar y de género en Unidades Procesales de Familia o Juzgados de Paz, que constituyen el 59,33% del total de las causas en trámite en el fuero.
La violencia por razón del género se manifiesta de diversas maneras, siendo el femicidio el último eslabón de una extensa cadena de discriminación y violencias, que vulneran en forma sistemática el goce pleno de los derechos humanos.
En este marco, el Superior Tribunal de Justicia a través de la Oficina de Derechos Humanos y Género, destaca la importancia de concientizar sobre el derecho a una vida libre de violencias y resalta la importancia de un abordaje interinstitucional, interseccional e interdisciplinario de esta problemática que demanda soluciones urgentes y colectivas, para garantizar los derechos de todas las personas en condiciones de igualdad.
Por ello, en esta ocasión invita a reflexionar acerca de la violencia digital como una modalidad de violencia de género (Ley Nacional N° 26.485, art. 6, inc. i), e insta a su abordaje no como fenómeno aislado o excepcional, sino como una manifestación más de las relaciones desiguales de poder entre géneros, que se proyecta en entornos digitales.
Con el objeto de incorporar perspectiva de género en el ámbito institucional se ha sensibilizado al 99% de las personas que se desempeñan en el Poder Judicial, mediante la implementación de capacitaciones obligatorias por Acordada 01/19 STJ. De esta manera, implementó la denominada Ley Micaela. El STJ estableció asimismo la obligatoriedad de incorporar perspectiva de género en clave de derechos humanos en todos los programas evaluativos para concursos de cargo, de ingreso y ascenso, por Acordada 20/22.
En la misma línea, resalta las tareas realizadas por el Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género, y pone en valor la creación del Suplemento Interactivo de Decisiones Judiciales con Perspectiva de Género del Poder Judicial como una herramienta de consulta permanente para las y los operadores del servicio de justicia y la comunidad, que se encuentra disponible en el sitio web institucional.
Estas acciones tienen un impacto positivo en el servicio de justicia y reafirman el compromiso institucional para la prevención y erradicación de las violencias por razón del género.
