El Gobierno del Chubut, que conduce Ignacio “Nacho” Torres, por medio del interventor del Instituto de Seguridad Social y Seguros, Rodrigo San Martín, amplió la denuncia por presuntas irregularidades cometidas durante la gestión que culminó el 10 de diciembre de 2023, y efectuó además una presentación ante la Oficina Anticorrupción por inconsistencias detectadas en la adquisición de calderas para uno de los complejos turísticos que el instituto posee en la Comarca Andina.
La presentación la materializó el propio San Martin, en una reunión que mantuvo esta mañana el interventor de ISSYS con el fiscal Anticorrupción de Chubut, Diego Carmona, durante la cual se avanzó también en la posibilidad de concretar un convenio entre ambos organismos con el objetivo de facilitar las investigaciones que pudiera surgir como consecuencia de las auditorías llevadas a cabo.
De esta manera, el interventor amplió las presentaciones efectuadas semanas atrás ante la Unidad de Investigación de Delitos contra la Administración Pública, a cargo del fiscal Omar Rodríguez.
En este caso, San Martín precisó que “se detectaron presuntas irregularidades en el proceso de compra de calderas para uno de nuestros complejos turísticos en la zona cordillerana”, y agregó que “siguiendo la línea que nos planteó el gobernador Ignacio Torres ante situaciones como estas, acudimos a los organismos de contralor y fiscalización correspondientes para que se investigue”.
El interventor del ISSyS confirmó además que con el fiscal Anticorrupción “evaluamos la posibilidad de concretar un convenio entre ambos organismos, para que la Oficina Anticorrupción colabore en la investigación y brinde asesoramiento técnico en relación a diferentes circunstancias que pueden constituir irregularidades o ilícitos, y que fueron detectadas en las auditorías que llevamos a cabo”.
“Acordamos firmar un acuerdo para que la Oficina Anticorrupción nos ayude en la investigación de las irregularidades que aparecieron, o pueden seguir apareciendo, específicamente para encuadrarlas y definir si constituyen simples faltas administrativas o merecen alguna tipificación penal”, amplió San Martin.
Por su parte, Carmona celebró la iniciativa del interventor y adelantó: “Pondremos la estructura de la Oficina a disposición de otro organismo del Estado, de modo tal de transparentar y cuidar los recursos públicos, colaborar entre los distintos estamentos del Estado”.
En ese sentido, sostuvo que “producto de la auditoría que se realizó en el ISSyS, su interventor nos confirmó que se dispararon diferentes situaciones”, y precisó que “no todas tienen la misma envergadura, incluso me adelantaba que en la denuncia que él ya realizó ante el Ministerio Público Fiscal; hay cuestiones en las que se avanzará concretamente porque lo ha tomado como un hecho delictual, y hay otras que no”.
Sobre estos últimos casos en los que no hay una calificación delictual, el ISSyS solicitó la colaboración de la OA, como consecuencia de que la auditoria llevada adelante demostró la existencia de circunstancias que merecen ser clasificadas para tomar decisiones en base a ellas.
