La Legislatura de Río Negro aprobó en primera vuelta un proyecto de ley que autoriza y regula el uso de armas menos letales por parte de la Policía de Río Negro. La iniciativa, impulsada por la legisladora Yolanda Mansilla, obtuvo 29 votos a favor y 8 en contra, marcando un paso clave en la modernización de las herramientas de trabajo para los agentes de seguridad.
La propuesta busca proporcionar a la fuerza dispositivos que permitan intervenciones “eficaces y proporcionales”, reduciendo riesgos tanto para los ciudadanos como para los efectivos. Actualmente, el personal policial que patrulla la vía pública utiliza principalmente una pistola 9 mm como arma reglamentaria, un recurso que —según los fundamentos del proyecto— debe reservarse para situaciones de riesgo real e inminente para la vida.
En muchas operativas cotidianas, explican los legisladores, el uso de un arma de fuego resulta desmedido y no se ajusta a la necesidad concreta. Por eso, el proyecto plantea dotar a los agentes de alternativas intermedias que permitan neutralizar amenazas sin causar daños irreversibles.
La ley define como “armas menos letales” a aquellas cuyo fin es incapacitar, disuadir o controlar a una persona reduciendo significativamente el riesgo de lesiones graves o muerte. Entre las herramientas contempladas se encuentran:
Estas tecnologías ya son utilizadas por fuerzas de seguridad en países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Brasil y en varias jurisdicciones de Argentina.
La normativa —que aún debe pasar por una segunda vuelta— contempla la creación de protocolos estrictos de uso, instancias de capacitación obligatoria para el personal policial y la utilización de cámaras corporales para garantizar la transparencia y evitar abusos. La reglamentación definirá en detalle los procedimientos, condiciones de empleo y mecanismos de registro de cada intervención.
Con esta aprobación inicial, Río Negro se encamina a incorporar equipamiento moderno y alineado con estándares internacionales, en un contexto donde la demanda por mayor seguridad convive con la exigencia de minimizar daños y respetar los derechos humanos.
