Este martes, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que las universidades nacionales y los hospitales públicos comenzarán a cobrar aranceles a extranjeros no residentes. Según Adorni, “uno de cada tres estudiantes de medicina es extranjero” y la medida busca financiar instituciones educativas y aliviar los sistemas de salud.
Además, se ampliará la lista de delitos que justificarán la deportación inmediata, incluyendo flagrancia delictiva y ataques a instituciones democráticas. También se implementarán penas de prisión para quienes violen prohibiciones de reingreso al país.
El portavoz subrayó que estas reformas buscan “proteger a los ciudadanos argentinos” y regular el ingreso de extranjeros, con énfasis en impedir fraudes documentales y limitar el acceso a los sistemas de salud y educación para no residentes. Adorni destacó que la doctrina migratoria actual ha generado problemas y que el gobierno apunta a un “país más ordenado y seguro”.
