Las amenazas de difundir imágenes íntimas, la creación de contenidos sexuales falsos mediante inteligencia artificial (IA) y la suplantación de identidad en internet pasarán a estar expresamente contempladas en las políticas de prevención y asistencia del grooming en Río Negro.
La iniciativa fue aprobada este jueves por unanimidad, en primera vuelta, por la Legislatura de Río Negro y propone actualizar las herramientas de protección de niños, niñas y adolescentes frente a las nuevas modalidades de violencia sexual digital.
El proyecto modifica distintos artículos de la Ley 4986, vigente desde 2014, para incorporar expresamente la sextorsión, la manipulación de imágenes y videos mediante inteligencia artificial y las situaciones de intimidación o coerción sexual que pueden producirse sin que exista contacto físico entre el agresor y la víctima.
La actualización busca adaptar las políticas públicas a una realidad en la que las tecnologías digitales pueden ser utilizadas para captar, intimidar, extorsionar y someter a menores de edad, incluso a distancia.
Uno de los puntos centrales de la reforma es reconocer que el grooming puede derivar en distintas formas de violencia que van mucho más allá del primer contacto entre una persona adulta y un menor de edad.
Entre las modalidades contempladas se encuentran la obtención de fotografías o videos íntimos, las amenazas de difundir ese material y las exigencias para producir nuevos contenidos sexuales bajo presión o intimidación.
La iniciativa también incorpora el uso de inteligencia artificial y otras tecnologías capaces de crear, modificar o simular fotografías, videos, audios, voces e identidades.
Esto permitirá contemplar situaciones en las que una imagen originalmente inocente sea manipulada para generar un contenido sexual falso y luego utilizada para amenazar, humillar o extorsionar a la persona representada.
Los fundamentos del proyecto advierten que la ausencia de contacto físico no significa que no exista violencia. Una víctima puede ser obligada, mediante amenazas, a realizar determinadas conductas frente a una cámara o a transmitir contenidos de naturaleza sexual.
De esta manera, la reforma apunta a reconocer las distintas formas de coerción que pueden ejercerse a través de las pantallas y que afectan la intimidad, la integridad y la seguridad de niños, niñas y adolescentes.
La modificación de la normativa provincial incorpora nuevos contenidos a las acciones educativas, preventivas y de capacitación previstas en la legislación.
El objetivo es que niños, niñas, adolescentes, familias y comunidades educativas cuenten con herramientas para reconocer situaciones de sextorsión, suplantación de identidad, manipulación digital y otras formas de intimidación sexual.
También se busca brindar información adecuada a cada edad para identificar situaciones en las que una persona menor de edad sea presionada para producir o transmitir contenidos sexuales, incluso cuando nunca haya tenido contacto presencial con quien ejerce las amenazas.
La propuesta apunta a fortalecer la detección temprana de estas conductas y promover una mayor conciencia sobre los riesgos que pueden presentarse en redes sociales, aplicaciones de mensajería y otras plataformas digitales.
En ese sentido, la prevención y la educación aparecen como herramientas fundamentales para que las víctimas puedan identificar las situaciones de riesgo y pedir ayuda a tiempo.
Otro aspecto relevante del proyecto es el fortalecimiento de la asistencia a las víctimas de violencia digital y a sus familias.
La modificación establece que deberán brindarse orientaciones específicas para preservar mensajes, fotografías, videos, audios, perfiles y otros elementos digitales que puedan resultar importantes para una investigación.
Esta herramienta busca facilitar la conservación de posibles pruebas ante situaciones de grooming, sextorsión o coerción sexual a través de internet.
Además, se incorpora el acompañamiento frente a situaciones de extorsión y amenazas, con el propósito de impedir que la violencia continúe, evitar la revictimización y reducir la circulación innecesaria del material íntimo o manipulado.
La iniciativa no crea nuevos organismos ni establece figuras penales adicionales. Su finalidad es actualizar las herramientas de prevención, educación y asistencia que ya contempla la legislación rionegrina para responder a las nuevas modalidades de violencia digital.
Durante el debate legislativo, Yolanda Mansilla, de Primero Río Negro, explicó que la propuesta surgió a partir de un encuentro nacional en el que participó junto con Lorena Matzen, de la UCR. En esa instancia se analizó la necesidad de actualizar las normas frente a las nuevas formas de violencia digital.
Mansilla destacó tres aspectos centrales de la iniciativa: la detección temprana de nuevas modalidades de captación y extorsión sexual, la educación y concientización y la preservación de evidencia digital.
Además, transmitió una reflexión de Matzen acerca de que las leyes destinadas a proteger a las infancias «no tienen grieta, no tienen cuestiones partidarias».
Desde Juntos Somos Río Negro, Maricel Cévoli recordó que la provincia fue pionera en materia de prevención del grooming y expresó su preocupación por el uso de inteligencia artificial para manipular imágenes y apropiarse de identidades digitales.
Durante su intervención, mencionó situaciones vinculadas con el uso indebido de imágenes de jóvenes a través de Telegram y reclamó un compromiso colectivo para proteger a los sectores más vulnerables.
Por su parte, Ayelén Spósito, de Vamos con Todos, valoró el consenso alcanzado y aclaró que la actualización no requiere una asignación presupuestaria especial, aunque sí demanda un mayor compromiso de las personas adultas.
«La tecnología cambia, también cambian las formas en que se ejerce la violencia, pero hay algo que no cambia y no debe cambiar nunca, que es el deber de protección integral de nuestras niñas, niños y adolescentes», afirmó la legisladora.
Aunque el proyecto recibió un respaldo unánime, el debate también permitió plantear la necesidad de avanzar en políticas más amplias para enfrentar los riesgos que niños y adolescentes encuentran en internet.
Alejandra Mas, del bloque PJ Nuevo Encuentro, destacó la importancia de fortalecer la educación para la ciudadanía digital y recordó otras iniciativas impulsadas por su espacio político.
Entre ellas, mencionó un proyecto presentado por Leandro García y otro basado en la denominada Ley Ema, orientado al abordaje integral de la violencia digital en las escuelas.
Mas también reivindicó la Educación Sexual Integral (ESI) y cuestionó las políticas nacionales que, según sostuvo, debilitan los programas de capacitación y difusión.
En tanto, María Laura Frei, del PRO-Unión Republicana, coincidió con la necesidad de actualizar la legislación, pero advirtió que los cambios tecnológicos avanzan a mayor velocidad que las respuestas normativas.
«Siempre vamos corriendo con las normas detrás de la tecnología y la realidad nos sigue superando», expresó.
La legisladora mencionó otros problemas que requieren atención, como el ciberbullying, la sobreexposición en redes sociales, la suplantación de identidad y la ludopatía digital.
En ese marco, propuso continuar trabajando junto con especialistas y organizaciones para desarrollar políticas de prevención más integrales, capaces de responder a los distintos desafíos que plantea el entorno digital.
La iniciativa fue presentada originalmente por un amplio grupo de legisladores de diferentes espacios políticos, encabezado por Lorena Matzen y Ariel Bernatene. Posteriormente, se sumaron como autores representantes de todos los bloques.
Esa ampliación permitió que el proyecto llegara al recinto con un respaldo político más amplio y alcanzara la aprobación unánime en primera vuelta.
La reforma busca actualizar la respuesta de Río Negro frente a nuevas modalidades de violencia sexual digital y reforzar las herramientas de prevención, educación y acompañamiento destinadas a proteger a las infancias y adolescencias.
El desafío, planteado durante el propio debate, será sostener ese compromiso más allá de la actualización normativa y avanzar en acciones concretas que permitan detectar las amenazas, acompañar a las víctimas y prevenir nuevas situaciones de abuso en internet.
