La Justicia resolvió que el hombre imputado por la presunta privación ilegítima de la libertad de integrantes de su familia cumpla la medida de coerción bajo la modalidad de arresto domiciliario por 30 días. La decisión fue adoptada por el juez José Luis Ennis, luego de escuchar los argumentos de la Fiscalía, la Asesoría de Familia y la defensa particular.
La audiencia se desarrolló a puertas cerradas, sin acceso del público ni de la prensa, debido a la necesidad de preservar la identidad y la intimidad de los adolescentes involucrados en la investigación.
La procuradora de Fiscalía Cecilia Bagnato, acompañada por el fiscal Fidel González, solicitó que se prorrogara por otros 30 días la prisión preventiva del imputado.
Durante su exposición, la Fiscalía sostuvo que considera débil el arraigo del hombre en la zona y señaló que, por las características del caso, no podría mantener actualmente vínculos con su esposa e hijos. También argumentó que su actividad económica no lo mantiene necesariamente ligado al lugar y que contaría con recursos suficientes para trasladarse.
Otro de los puntos centrales del planteo estuvo relacionado con el posible entorpecimiento de la investigación, particularmente por la eventual influencia sobre testigos y las propias víctimas.
Bagnato explicó que el Ministerio Público Fiscal tiene la obligación de no descartar ninguna hipótesis hasta agotar las medidas investigativas que permitan confirmarlas o descartarlas. En ese sentido, indicó que las diligencias continúan desarrollándose diariamente.
Por su parte, el representante de la Asesoría de Familia, Marcos Ponce, acompañó el planteo de la Fiscalía y remarcó la importancia de garantizar el resguardo de los adolescentes durante todo el proceso judicial.
También informó que se abrió un expediente en el Juzgado de Familia y que distintos organismos estatales se encuentran interviniendo para brindarles asistencia y acompañamiento.
Al inicio de la audiencia, tanto la Fiscalía como la Asesoría habían solicitado que se instara a la defensa a respetar la reserva de identidad y cualquier información relacionada con los adolescentes.
La defensa particular solicitó la libertad del imputado y, de manera subsidiaria, propuso que pudiera cumplir una eventual medida de arresto domiciliario en una vivienda alternativa.
Para respaldar su planteo, presentó testigos con el objetivo de acreditar el arraigo del hombre en la zona y demostrar que cuenta con un domicilio donde podría permanecer bajo esa modalidad de detención.
Al fundamentar su decisión, el juez José Luis Ennis analizó los argumentos de las partes y el estado actual de la investigación.
Consideró que continúan existiendo elementos suficientes para sostener, en esta etapa procesal, la probabilidad de autoría del imputado. También señaló que todavía existen distintas hipótesis posibles sobre lo ocurrido y que persisten los peligros procesales que habían motivado la prisión preventiva.
Sin embargo, el magistrado valoró que el hombre lleva varios años viviendo y desarrollando su actividad en la zona, por lo que consideró acreditado su arraigo.
Otro elemento determinante fue su edad: el imputado tiene más de 70 años. En ese sentido, Ennis sostuvo que, ante una eventual condena por un delito que contemple pena de prisión, podría corresponderle cumplirla bajo la modalidad domiciliaria, criterio que también debía contemplarse al momento de establecer una medida de coerción.
Por estos motivos, resolvió que permanezca detenido bajo arresto domiciliario durante 30 días, en un domicilio particular del que no podrá salir sin autorización judicial.
Además, a pedido de la Asesoría de Familia, el juez dispuso una prohibición de acercamiento y contacto con sus hijos por cualquier vía.
La resolución establece que el incumplimiento de las condiciones impuestas podría derivar en la revocación del beneficio y en que el imputado vuelva a cumplir la privación de su libertad en un establecimiento penitenciario.
Mientras tanto, la investigación judicial continuará con nuevas medidas para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
