La investigación por caza furtiva y comercialización ilegal de carne de guanaco sumó este viernes un nuevo capítulo con un allanamiento en un establecimiento rural ubicado sobre la Ruta Provincial 23, cerca de Gobernador Costa, a unos 200 kilómetros de Esquel. Allí, los investigadores encontraron restos óseos que corresponderían a más de 1.000 ejemplares, además de armas, herramientas de faena y elementos que vincularían el predio con la distribución clandestina de carne.
El procedimiento fue realizado por requerimiento del procurador de Fiscalía Ismael Esteban Cerda, en el marco de una causa que busca desarticular una presunta organización dedicada a la caza ilegal de fauna silvestre y a la comercialización de sus productos en distintas localidades de la región cordillerana.
Durante la inspección del establecimiento, personal de la División de Investigaciones Policiales (DPI) de Esquel y de la Comisaría de Gobernador Costa encontró cientos de restos óseos dispersos en distintos sectores del terreno.
De acuerdo con la inspección visual, la cantidad de osamentas de guanacos (Lama guanicoe) superaría ampliamente los 1.000 ejemplares. Los hallazgos fueron documentados por personal de Criminalística, que intervino para registrar las evidencias encontradas en el lugar.
La magnitud de los restos constituye uno de los elementos centrales de la investigación, ya que apunta a una actividad sostenida en el tiempo y a una posible estructura organizada para la captura, faena y posterior comercialización de los animales.
Uno de los hallazgos más relevantes del allanamiento fue el secuestro de bolsas de nylon y cajas utilizadas para el empaque de carne, elementos que coincidirían con los incautados el jueves en una camioneta vinculada al principal imputado, durante los procedimientos realizados en Esquel.
La coincidencia permitiría establecer una conexión entre el establecimiento rural, señalado como posible centro de faena clandestina, y los puntos urbanos donde se habría acopiado y distribuido la mercadería.
En el predio también se encontraron armas de fuego, reflectores, balanzas, cuchillos, cortadoras de carne y otros elementos presuntamente utilizados para desarrollar la actividad ilegal.
Los investigadores buscan reconstruir cómo funcionaba el circuito completo: desde la caza de los animales en el campo hasta el procesamiento, el traslado y la comercialización de la carne en las localidades de destino.
Según las hipótesis que orientan la causa, la organización estaría integrada por al menos seis personas y habría abastecido de manera ilegal a comercios de Esquel, Trevelin y El Bolsón.
La investigación también señala que se habrían utilizado redes sociales para ofrecer públicamente los productos, una modalidad que ahora forma parte de las pesquisas para determinar quiénes participaban de la comercialización y cuál era el alcance de la distribución.
De acuerdo con los informes incorporados a la investigación, el establecimiento allanado no registraba movimientos de hacienda ni contaba con las habilitaciones sanitarias correspondientes. Esa situación refuerza la hipótesis de que el predio habría funcionado como una fachada rural para desarrollar tareas de faena clandestina.
Las autoridades buscan establecer durante cuánto tiempo habría operado la presunta organización, cuántos animales fueron cazados y quiénes integraban cada eslabón de la cadena.
Además del impacto sobre la fauna silvestre, la causa encendió alertas por los posibles riesgos sanitarios derivados de la comercialización de carne sin controles veterinarios ni garantías de conservación.
Informes firmados por Diego Sabán, jefe del Departamento Provincial de Bromatología, junto con la Mesa Intersectorial integrada por organismos de SENASA, Salud y Ambiente, advierten sobre el incremento de brotes de Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) en la región.
La preocupación está relacionada con la faena clandestina a la intemperie, la ausencia de inspecciones veterinarias y la falta de controles para detectar microorganismos y otros agentes patógenos. A esto se suma el riesgo de que la carne pierda la cadena de frío durante los traslados.
En esas condiciones, un producto que llega al consumidor sin controles adecuados puede representar un peligro para la salud. Por eso, la investigación no se limita al presunto delito ambiental: también contempla la posible infracción a las normas de policía sanitaria animal.
En ese marco, la Fiscalía investiga una posible violación del artículo 206 del Código Penal, además de las disposiciones vinculadas con la protección de la fauna silvestre.
La medida judicial autorizó registros domiciliarios y vehiculares, requisas personales y el secuestro de elementos vinculados con los hechos investigados.
Entre los objetos incautados figuran armas de fuego, municiones, visores nocturnos, miras telescópicas, sierras, moledoras de carne, bateas, balanzas y teléfonos celulares de las personas presentes durante los procedimientos.
También fueron requisadas una camioneta Toyota Hilux y un vehículo Peugeot Hoggar, registrados a nombre del principal imputado.
Los elementos serán analizados para determinar su vinculación con la presunta actividad ilegal y aportar información sobre la estructura y el funcionamiento de la organización.
En los operativos participaron el jefe de AURE, comisario Melipil; el jefe de la DPI, comisario González; personal de la División Policía Científica de Esquel; el jefe de la Comisaría de San Martín, comisario Morales, y el jefe de la Comisaría de Gobernador Costa, oficial principal Montecino.
La causa continúa en trámite judicial y los investigadores avanzan sobre el análisis de las pruebas secuestradas para establecer la participación de cada uno de los sospechosos, identificar a posibles compradores y determinar si existen otras ramificaciones de la presunta organización.
El nuevo allanamiento aportó elementos que vincularían el ámbito rural con los procedimientos realizados previamente en Esquel y con la presunta comercialización en distintos puntos de la región.
La posible existencia de una estructura dedicada durante un período prolongado a la caza furtiva y a la venta de carne sin controles plantea dos preocupaciones centrales: la depredación de la fauna silvestre y el riesgo sanitario para quienes podrían haber consumido esos productos.
Mientras la Justicia procura reconstruir el circuito y establecer responsabilidades, el hallazgo de restos correspondientes a más de 1.000 guanacos dimensiona la gravedad de los hechos investigados.
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