El Ministerio Público Fiscal sostiene que los dos imputados habrían participado de un esquema sistemático para desviar fondos públicos destinados a la alimentación escolar en un establecimiento de Corcovado, entre mayo de 2023 y septiembre de 2024.
La acusación está a cargo de la Fiscal General María Bottini y el funcionario de Fiscalía Julián Forti, quienes atribuyen a los acusados al menos 31 hechos ocurridos durante ese período.
La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada el 21 de noviembre de 2024 por la delegada administrativa del Ministerio de Educación en la Región III. A partir de allí, se habría detectado una operatoria repetida que vulneraba las normas vigentes para la administración de los fondos destinados al servicio de alimentación escolar.
Según la acusación, el esquema habría tenido distintos pasos. El particular que supuestamente proveía los alimentos estaba inscripto ante ARCA bajo el rubro de prestación de servicios y no de venta de alimentos. Además, la Fiscalía sostiene que emitía facturas apócrifas, algunas incluso con fechas posteriores al cobro del dinero.
La investigación también señala que el hombre, por su condición de empleado municipal, no podía actuar como proveedor del Estado.
El segundo paso consistía en que el director de la escuela concurría personalmente a la sucursal del Banco del Chubut en Corcovado para cobrar los cheques por ventanilla. De acuerdo con la acusación, los valores no eran entregados ni transferidos a los supuestos proveedores de los alimentos.
La Fiscalía sostiene además que el director habría adulterado los registros del Libro Banco de la institución para hacer constar que los pagos correspondían a comercios y proveedores de la zona.
Entre los elementos incorporados a la investigación aparece incluso un asiento contable en el que figuraba una supuesta compra realizada al propio Ministerio de Educación.
Otro punto señalado por los investigadores es que los alimentos facturados no habrían ingresado a la escuela. También se detectaron compras que no se correspondían con el menú ni con los horarios del servicio de refrigerio.
Entre los ejemplos mencionados aparecen facturaciones de tapas de empanadas y de 20 kilos de pollo para horarios correspondientes a la merienda de los estudiantes.
Para la Fiscalía, la maniobra habría provocado un perjuicio al patrimonio público, ya que se utilizaron partidas provinciales destinadas específicamente al bienestar alimentario de los alumnos.
La acusación también contempla presuntas falsedades documentales, tanto por la utilización de facturas con contenido falso como por la alteración de los registros contables de la escuela.
Además, se atribuye al director un presunto incumplimiento de sus funciones, al haber manejado fondos públicos por fuera de los mecanismos establecidos para la rendición y control de las partidas.
Por tratarse de un caso en el que uno de los imputados es funcionario público, el juicio deberá realizarse ante un tribunal mixto. La fecha del debate oral y la composición del tribunal serán definidas próximamente.
