En la ciudad de Esquel, la Fiscalía formalizó la apertura de una investigación penal por el delito de coacción simple contra un funcionario de la Municipalidad, en el marco de un hecho denunciado por un periodista local, quien aseguró haber sido víctima de amenazas luego de una publicación periodística.
La audiencia se realizó este lunes pasado el mediodía. El imputado, identificado como Iván Pereyra, junto a su defensor, participó de manera remota. Por esa razón, será citado nuevamente por la Fiscalía para completar el trámite de identificación formal en la causa.
Según la acusación presentada por la fiscal María Bottini y el procurador de fiscalía Ismael Cerda, el hecho ocurrió el 2 de abril alrededor de las 13:40 horas, cuando el funcionario habría interceptado al periodista en Avenida Ameghino al 1649, a pocos metros de calle Brown, en Esquel. De acuerdo a la denuncia, el acusado descendió de su vehículo en estado de alteración, habría agredido físicamente a la víctima con golpes en el pecho sin producir lesiones constatables, le sustrajo su teléfono celular y lo arrojó a un cesto de basura cercano.
Posteriormente, siempre según la investigación, el funcionario habría proferido amenazas directas vinculadas a una publicación realizada el día anterior en el medio del que la víctima es propietario, en la que se hacían referencia presuntos incumplimientos de obras municipales. Las expresiones atribuidas al imputado incluyeron frases intimidatorias orientadas a que el periodista se abstuviera de continuar con publicaciones sobre su persona.
La Fiscalía también incorporó como antecedente mensajes previos y publicaciones en redes sociales del funcionario dirigidas al periodista y a otros comunicadores del mismo medio, donde expresaba su disconformidad con el contenido periodístico, lo que, según la acusación, refuerza la hipótesis de una conducta intimidatoria previa.
El Ministerio Público Fiscal cuenta con un plazo de seis meses para llevar adelante la investigación. Debido a que el imputado es funcionario público, en principio se descartó la posibilidad de avanzar en una instancia de conciliación.
