La Justicia de Esquel dispuso que la mujer acusada por el homicidio de Nelson Walter Ayilef Millapan permanezca en prisión preventiva durante seis meses, tras la audiencia de formalización de la investigación solicitada por el Ministerio Público Fiscal. La imputación es por el delito de homicidio doblemente agravado, por el vínculo de pareja y por haber sido cometido con alevosía.
El fiscal Ezequiel Forti, junto al funcionario Julián Forti, expuso los elementos reunidos hasta el momento, detalló las circunstancias de la detención y fundamentó la necesidad de mantener la medida de coerción mientras continúa la investigación.
El crimen ocurrió durante la madrugada del 10 de julio de 2026, entre las 3 y las 4, en una vivienda del barrio Suelco de Esquel. Según expuso la Fiscalía, la Policía acudió al lugar tras recibir una alerta y fue recibida por la mujer, quien aseguró inicialmente que su pareja se había autolesionado.
Sin embargo, al ingresar al inmueble, los efectivos encontraron a Nelson Walter Ayilef Millapan, de 68 años, sentado en una silla, con escasos signos vitales y una profunda herida cortante en el cuello. Minutos después, el personal de salud confirmó su fallecimiento.
De acuerdo con la investigación, la versión inicial brindada por la imputada fue descartada por las pruebas recolectadas en la escena. Entre los principales elementos mencionados por la Fiscalía figura el hallazgo del arma utilizada a unos 15 metros del lugar donde se encontraba la víctima, sin rastros que indicaran un desplazamiento del cuerpo.
Los investigadores también señalaron que la ubicación de la lesión y las limitaciones físicas que presentaba Millapan hacían extremadamente difícil que pudiera haberse provocado esa herida. La víctima tenía una severa limitación motriz en el brazo derecho, consecuencia de una afección cervical previa.
Durante la audiencia, la Fiscalía describió a Millapan como un jubilado rural de 68 años, de contextura física pequeña, con problemas de alcoholismo y dificultades para movilizarse.
Según declaraciones incorporadas a la investigación, personas allegadas manifestaron que la imputada ejercía maltrato físico sobre la víctima, retenía su documentación personal y administraba sus haberes jubilatorios. Además, vecinos señalaron antecedentes de conductas agresivas y conflictos previos de la mujer.
Los investigadores también indicaron que, tras el ataque, la acusada habría mantenido una actitud distante y se habría negado a colaborar con quienes intentaban asistir a la víctima mientras permanecía gravemente herida.
El juez declaró legal la detención y ordenó el traslado de la imputada al Instituto Penitenciario Provincial (IPP), donde permanecerá detenida durante seis meses mientras avanza la investigación.
La resolución se sustentó en el riesgo de fuga, debido a la pena en expectativa —que podría ser prisión perpetua—, y en antecedentes de incumplimientos de medidas judiciales. Además, el magistrado consideró acreditado el riesgo de entorpecimiento de la investigación, al valorar las presuntas maniobras para ocultar evidencia y la posibilidad de influir sobre testigos que aún deben declarar en la causa.
