El juicio por un caso de abuso sexual que había comenzado en Lago Puelo deberá realizarse nuevamente, pero esta vez en Esquel, luego de que el primer debate concluyera sin un veredicto por un jurado estancado. La decisión fue adoptada a pedido de la Fiscalía, que consideró que las características del caso dificultaban conformar un tribunal popular imparcial en la circunscripción donde ocurrieron los hechos.
La fiscal María Bottini impulsó el cambio de jurisdicción al sostener que el acusado, quien ejerció como médico en distintas localidades de la Comarca, mantenía un fuerte vínculo con gran parte de la comunidad, situación que comprometía la objetividad del proceso.
Según expuso la Fiscalía, el imputado se desempeñó durante años como médico en Cushamen, Cholila, Corcovado, El Maitén y Epuyén, lo que generó una extensa relación con vecinos de esas localidades.
Esa realidad, argumentó Bottini, hacía prácticamente imposible seleccionar ciudadanos que integraran un jurado libre de conocimientos previos, vínculos personales o valoraciones sobre el acusado, afectando así las garantías del proceso judicial.
Aunque la Defensa Pública rechazó el planteo al considerar que no existía una "conmoción pública" que justificara el traslado del juicio, el magistrado entendió que la influencia social derivada de la profesión del imputado representaba un obstáculo concreto para asegurar la imparcialidad.
En su resolución sostuvo que, en comunidades pequeñas, la relación de confianza construida entre un médico y sus pacientes puede generar condicionamientos suficientes para comprometer la objetividad de un jurado popular.
Por ese motivo, resolvió trasladar el nuevo debate a la Oficina Judicial de Esquel, donde se conformará un nuevo tribunal ciudadano.
Otro de los fundamentos destacados por la Justicia fue la necesidad de evitar la revictimización de la niña presuntamente afectada.
El fallo recordó que el Estado tiene la obligación de garantizar un proceso ágil y eficaz en casos de abuso sexual infantil, en cumplimiento de tratados internacionales con jerarquía constitucional, entre ellos la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre los Derechos del Niño.
En ese marco, se ordenó que la nueva fecha del juicio sea fijada con carácter urgente para evitar que el paso del tiempo profundice el impacto psicológico sobre la víctima.
Como parte de la reorganización del proceso, la Justicia dispuso implementar un cuestionario único para la selección de los ciudadanos de Esquel que integrarán el jurado popular, con el objetivo de agilizar el proceso de voir dire y reducir los tiempos previos al debate.
La Oficina Judicial de Esquel será la encargada de coordinar la agenda y organizar el nuevo juicio, que buscará desarrollarse bajo condiciones que aseguren un veredicto plenamente imparcial, transparente y respetuoso de las garantías de todas las partes.
