La maniobra les habría permitido a los “negacionistas” acceder a beneficios estatales y evitar multas y hasta penas de cárcel, según la normativa vigente en la provincia, indicaron oficialmente.


Escándalo: padres "antivacunas" compraban certificados truchos para no inmunizar a sus hijos y cobrar planes



El Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza investiga un extraño y llamativo caso que tiene implicado a un enfermero de Las Heras que habría vendido o entregado a padres declaradamente “antivacunas” certificados de vacunación para que sus hijos pudieran completar el calendario de vacunas obligatorio, pero sin haber sido inmunizados.
La maniobra tiene ya un costado judicial: la Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos inició una investigación, luego de que Salud denunciara el viernes la anomalía, tras comenzar una investigación interna que se originó en San Rafael, cuando un médico detectó la situación.
La investigación se centra en que los padres de los niños no vacunados ofrecían dinero al enfermero denunciado para que hiciera figurar como inmunizados en el sistema informático estatal, explicó una fuente ligada a la investigación.
“La maniobra es para que figuren como vacunados hijos de padres antivacunas. La gravedad del caso no es sólo que un enfermero pueda estar implicado, sino que los padres hayan participado de la maniobra”, sostuvo Sandra Gómez, de Recursos Humanos de Salud.
Lo insólito del asunto es que estos padres “antivacunas” no pagaron por vacunar a sus hijos —ya que es un servicio gratuito— sino que pagaron, justamente, para que no fueran inoculados con dosis de, por ejemplo, pentavalente, poliomielitis, neumococo y rotavirus.
La Ley Nacional establece como gratuito y obligatorio un calendario de vacunación para bebés, niños y niñas, y los padres que no lo cumplen, pueden tener multas y perder algunos beneficios estatales. Incluso, en Mendoza, el Código Contravencional establece multas, trabajos comunitarios y hasta días de arresto para quien no vacune a sus hijos.
La irregularidad fue detectada por un médico de San Rafael que notó algunas inconsistencias en el SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria), donde cada persona que se inmuniza en cualquier parte del país queda registrada y además se consigna el tipo de vacuna, lote y fecha de aplicación.
El profesional de la salud observó que niños cuyos padres son declaradamente antivacunas figuraban con sus vacunas al día. Y no solo eso, sino que, al investigar la trazabilidad de las dosis, descubrió que los niños sureños habían sido falsamente inmunizados a cientos de kilómetros de sus casas: exactamente en el Centro de Salud 22 de Las Heras, ubicado en El Pastal.
Por lo pronto, desde la Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos informaron que por el momento no hay imputados. Se investiga el delito de cohecho pero no hay todavía un número de casos precisados. También se podría establecer algún delito relacionado con la salud pública.
En todo caso la investigación se centra en que los padres de los niños no vacunados ofrecían dinero al enfermero denunciado para que hiciera figurar como inmunizados en el sistema informático estatal.
Pero en las últimas horas, desde el Ministerio de Seguridad y Justicia se informó que la Policía de Mendoza, a través de la División de Delitos Económicos de la Dirección General de Investigaciones, realizó seis allanamientos en Las Heras y Lavalle en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en un centro de salud.
“La causa, que lleva adelante la Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos, apunta a personal sanitario que habría cargado en el sistema la aplicación de vacunas que no se habrían colocado”, indicaron.
Los procedimientos se concretaron en el Centro de Salud 22 de Las Heras, además de domicilios particulares en ese departamento y en Lavalle, espacios de uso interno del establecimiento y un vehículo vinculado a la causa.
Como resultado de los allanamientos, se secuestraron más de 160 certificados de vacunación, sellos oficiales de distintos centros de salud, recetarios médicos, computadoras, dispositivos de almacenamiento y teléfonos celulares, todos elementos de interés para el avance de la investigación. El material incautado será analizado para determinar el alcance de las maniobras y establecer las responsabilidades correspondientes, en el marco de la causa que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal.



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