El Gobierno nacional oficializó un cambio estructural en la gestión vial al habilitar a nueve provincias —entre ellas Río Negro, Neuquén y Santa Cruz— a concesionar tramos de rutas nacionales y aplicar sistemas de peaje. La medida quedó establecida mediante el Decreto 253, publicado en el Boletín Oficial, y entrará en vigencia este sábado 18.
La decisión permite que las provincias asuman un rol activo en la administración de corredores estratégicos, sin que ello implique la transferencia de la titularidad de las rutas, que seguirá en manos del Estado nacional. El Gobierno conservará además la potestad de retomar la gestión en caso de incumplimientos o por razones de interés público.
En el caso de la Patagonia, el impacto es significativo debido a la importancia de sus rutas en la conectividad regional, el transporte de hidrocarburos, la actividad minera, el turismo y la logística. Río Negro y Neuquén son claves en el entramado energético vinculado a Vaca Muerta, mientras que Santa Cruz concentra extensos corredores utilizados por el transporte de cargas y la industria petrolera.
Con este nuevo esquema, las provincias podrán diseñar concesiones con plazos de hasta 30 años, establecer tarifas de peaje y definir prioridades de inversión en infraestructura vial. El objetivo oficial es acelerar el mantenimiento y la ejecución de obras en rutas nacionales que presentan deterioro por las condiciones climáticas y el alto tránsito de carga.
Sin embargo, el sistema estará sujeto a condiciones estrictas: los fondos recaudados por peajes deberán destinarse exclusivamente al tramo concesionado, sin posibilidad de financiar otras obras.
El decreto establece que las facultades otorgadas a las provincias son “funcionales, limitadas, temporales y revocables”. Para avanzar con las concesiones, las jurisdicciones deberán firmar convenios con la Dirección Nacional de Vialidad, presentar planes de inversión y obtener la aprobación de la Secretaría de Transporte.
Además, tendrán un plazo máximo de un año para iniciar los procesos de licitación, o la delegación perderá vigencia.
La medida abre un nuevo escenario para la región patagónica, donde la infraestructura vial es clave para el desarrollo económico. La posibilidad de gestionar corredores estratégicos podría agilizar obras y mejorar la conectividad, con impacto directo en sectores como la energía, la minería y el turismo.
El debate ahora se centra en cómo se implementará el sistema de peajes y qué efecto tendrá sobre el transporte y la economía regional en una de las zonas más extensas y estratégicas del país.
