La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes las condenas contra siete exministros del gobierno de Miguel Saiz y el extesorero provincial en la denominada causa de los sobresueldos en Río Negro, un expediente que investigó el uso de fondos públicos para el pago de adicionales salariales fuera de los mecanismos administrativos y de control del Estado.
La resolución del máximo tribunal rechazó los recursos extraordinarios presentados por las defensas y puso fin a un proceso judicial que se extendió durante más de una década, consolidando las condenas dictadas por la Justicia provincial.
La decisión judicial alcanza a los exministros César Barbeito (Educación) y Francisco González (Coordinación), quienes deberán cumplir penas de 3 años y 6 meses de prisión efectiva por el delito de peculado.
Además, quedaron firmes las condenas de 2 años y 6 meses de prisión para los exfuncionarios Omar Contreras (Turismo), Cristina Uría (Salud), Juan Accatino (Producción), Alfredo Pega (Desarrollo Social) y Diego Larreguy (Gobierno).
También fue condenado el extesorero provincial José Ongaro, mientras que la acción penal contra el excontador general Gustavo Picci había sido declarada prescripta en instancias anteriores.
Según las sentencias ratificadas en todas las instancias, entre los años 2004 y 2010 se implementó un sistema mediante el cual se utilizaron fondos públicos para abonar adicionales salariales a funcionarios provinciales.
La investigación concluyó que esos recursos eran distribuidos mediante un mecanismo que operaba al margen de los circuitos administrativos habituales, sin registración formal y sin criterios transparentes para su asignación.
Para los tribunales, esta modalidad constituyó un desvío de fondos estatales que derivó en las condenas por peculado contra los exintegrantes del gabinete provincial.
Los recursos federales habían sido presentados en el año 2020 luego de que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro confirmara las condenas dictadas por la Cámara Criminal de Viedma.
Sin embargo, la Corte Suprema resolvió este jueves no admitir los planteos al considerar que no cumplían con los requisitos exigidos para su tratamiento.
En su resolución, el máximo tribunal sostuvo que “los recursos extraordinarios no cumplen con el requisito de fundamentación autónoma ni refutan todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia apelada”, dejando así sin efecto la última vía de apelación disponible para los condenados.
La causa judicial tuvo su origen en una investigación periodística publicada por el Diario Río Negro en 2011, que derivó en la apertura de una investigación penal por el presunto desvío de recursos estatales.
En 2018, la Cámara Criminal de Viedma dictó las primeras condenas. Dos años más tarde, el Superior Tribunal de Justicia ratificó esas penas y, ahora, la decisión de la Corte Suprema convierte esas sentencias en definitivas.
El caso generó un fuerte impacto político en la provincia al involucrar a gran parte del gabinete del entonces gobernador Miguel Saiz y exponer un sistema de distribución de fondos públicos que, según determinó la Justicia, funcionó durante años fuera de los mecanismos regulares de control estatal.
Fuente: Río Negro.
