Una historia que se repite
Este no es un fenómeno aislado de 2026, sino parte de una secuencia que acumula graves antecedentes en los últimos años:
-2021: Un enorme incendio devastó bosques y sectores poblados en Lago Puelo y El Hoyo, generando investigaciones técnicas y judiciales sin que se esclarezca una autoría firme. Ese mismo año, otro foco de gran magnitud arrasó la zona de Cuesta del Ternero, en El Bolsón, afectando miles de hectáreas de bosque andino-patagónico y comunidades rurales, sin que hasta hoy se conozcan responsables.
-2025: Nuevas conflagraciones afectaron de forma severa a Epuyén y a El Bolsón, con informes que señalaron posibles orígenes deliberados de focos en condiciones críticas, pero sin culpables consolidados.
-2026: Los incendios vuelven a golpear con fuerza en El Hoyo y Cholila, con múltiples focos activos que siguen consumiendo bosques nativos mientras la investigación judicial continúa sin identificar a quienes iniciaron estos incendios.
Estas conflagraciones se suman a un cuadro más amplio que muestran reportes oficiales y análisis ambientales: en lo que va de este verano, los incendios forestales en la Patagonia ya arrasaron miles de hectáreas de bosques, pastizales y viviendas, y la región enfrenta una simultaneidad de focos que desborda la capacidad de respuesta actual.
Más que un desastre natural
Lejos de ser meros “accidentes climáticos”, los incendios con indicios de origen humano reaparecen con una cadencia perturbadora en la Comarca. Mientras los equipos de brigadistas y bomberos continúan trabajando sin descanso para contener las llamas, la población percibe que falta una respuesta integral, preventiva y de justicia que dé certezas sobre las causas y responsabilidades.
A esta situación se suma un factor estructural que agrava la crisis: la desinversión del Estado nacional en políticas de prevención y combate del fuego. La reducción de presupuestos para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, la falta de incorporación de personal y la demora en la provisión de equipamiento dejan a las provincias y a las brigadas locales con menos herramientas para enfrentar temporadas cada vez más extremas.
-Durante 2024, el Gobierno ejecutó apenas el 22 % del presupuesto estatal asignado al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), pese a tratarse del año con la mayor cantidad de focos ígneos de al menos los últimos ocho años.
-En 2025, la subejecución presupuestaria volvió a repetirse: el SNMF dejó sin ejecutar el 25 % de los recursos asignados, lo que equivale a casi $20.000 millones que podrían haberse destinado a mejorar la infraestructura, el equipamiento, las capacitaciones y las condiciones laborales de las y los brigadistas.
De acuerdo a la Ley de Presupuesto 2026, la partida presupuestaria del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) contará con $20.131 millones, lo que implica una caída real del 69% con respecto a 2023 y del 78,5% con respecto a 2025.
Las metas físicas del SNMF tendrán una marcada reducción en las horas de vuelo previstas y ejecutadas. Mientras que en 2023 estaban programadas 5.100 horas —aunque solo se concretaron 3.058—, para 2026 se proyectan 3.100.
A esta disminución se le suma la caída en los informes de alerta temprana y de evaluación de peligro de incendios, instrumentos clave para un enfoque preventivo. En este caso, se pasa de 2.310 informes previstos en 2025 a apenas 1.850 en 2026.
El Presupuesto 2026 asigna $651.600 millones a los subsidios a la oferta de hidrocarburos, lo que representa un aumento real del 6% respecto al valor de 2025. Esto equivale al 0,44% del presupuesto total nacional.
Combatientes al límite
El drama también se vive puertas adentro de los operativos. Los combatientes de incendios forestales trabajan en condiciones cada vez más adversas, con salarios congelados, contratos precarios y una pérdida constante de poder adquisitivo frente a la inflación. A pesar de cumplir una tarea esencial para la protección de vidas, bienes y ecosistemas, muchos brigadistas cobran sueldos que no alcanzan a cubrir el costo de vida y enfrentan la emergencia sin estabilidad laboral ni reconocimiento acorde al riesgo que asumen.
Esta precarización no solo es injusta: debilita la capacidad de respuesta del sistema y expone a quienes están en la primera línea del fuego.
Una comunidad en alerta
La pérdida de miles de hectáreas de bosques andino-patagónicos —ecosistemas milenarios que albergan biodiversidad única— es solo una parte del impacto. El fuego pone en riesgo viviendas, fuentes de trabajo y la temporada turística, un motor económico clave para la región. La ausencia de responsables visibles —a pesar de los indicios técnicos— alimenta el miedo y la incertidumbre en comunidades que ya han vivido tragedias similares en ciclos anteriores.
La herida social que deja cada incendio no se cura con declaraciones ni promesas de investigación. La falta de claridad sobre quién inició los focos y por qué lo hizo deja a la Comarca en una situación de indefensión frente a una amenaza que no solo consume hectáreas, sino también confianza y seguridad.
La necesidad de respuestas que no llegan
En este contexto, las autoridades enfrentan críticas por no ofrecer respuestas claras ni políticas efectivas de prevención, investigación y sanción. La sociedad reclama no solo más recursos para combatir el fuego, sino también transparencia, avances judiciales reales y una política ambiental sostenida que reduzca la recurrencia de incendios que han demostrado ser más que fenómenos naturales.
Con múltiples focos activos y una comunidad que mira al cielo expectante cada día, la Comarca Andina enfrenta el fuego en tiempo presente. Y mientras la investigación judicial no logre identificar a los responsables y el Estado no recupere su capacidad de prevención y respuesta, la sensación de desprotección y vulnerabilidad seguirá ardiendo junto a los bosques.
