El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el presidente Javier Milei firmó el decreto para convocar a sesiones extraordinarias del 10 al 30 de diciembre. Entre los temas a debatir, se incorporó la “adecuación” de la Ley de Glaciares, un anuncio que reactivó la discusión sobre el alcance de la protección del ambiente periglacial.
Aunque el texto del proyecto aún no se presentó, funcionarios nacionales y gobernadores que respaldan la iniciativa —entre ellos Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Carlos Sadir (Jujuy)— insisten en revisar la definición de ambiente periglacial incluida en la ley. Esta categoría abarca zonas sin glaciares visibles, pero con presencia de suelo congelado y ciclos de congelación y descongelación, lo que genera amplias tensiones sobre qué áreas deben considerarse reserva hídrica.
Qué dice la Ley vigente
Sancionada en 2010, la Ley de Glaciares protege a todos los cuerpos de hielo —estables o en movimiento— y también a los suelos congelados que regulan el recurso hídrico en alta montaña. En sectores de media y baja montaña, la norma incluye zonas saturadas en hielo que cumplen funciones de reserva de agua.
El artículo 6 prohíbe actividades mineras, hidrocarburíferas, industriales y obras que puedan alterar la dinámica del hielo o la calidad del agua. Además, estableció el Inventario Nacional de Glaciares, a cargo del Ianigla (Conicet), que debe actualizarse cada cinco años.
El primer inventario, publicado en 2018, identificó 16.968 glaciares en Argentina, con una superficie total de 8.484 km². La actualización de 2024 alcanzó por ahora solo a la región de los Andes Desérticos, donde se relevaron glaciares mayores a una hectárea y glaciares de escombros, los únicos identificables por imágenes satelitales.
Argumentos a favor de modificar la norma
Para algunos especialistas y referentes del sector minero, la protección del ambiente periglacial es excesivamente amplia e imprecisa. Bernardo Parizek, biólogo y magíster en Evaluación de Impacto Ambiental, sostiene que la categoría funciona como un “concepto indefinido” que habilita bloqueos a proyectos incluso en zonas sin reservas hídricas significativas.
Parizek señaló que comparte la preocupación por el agua dulce, pero atribuye a la agricultura —y no a la minería— la mayor parte del manejo ineficaz del recurso en la cordillera. En la misma línea, el geólogo Eddy Lavandaio afirmó que el ambiente periglacial protegido “no tiene límites” y que la ley debería circunscribirse solo a lo relevado por el inventario. “Los glaciares de escombros sí son recursos hídricos; pero las rocas, en un 90 o 95%, son impermeables. No pueden decir que ahí están las reservas de agua del país”, subrayó.
Argumentos en contra
Desde el ámbito científico y ambiental, especialistas advierten que reducir la definición de ambiente periglacial implicaría desproteger reservas de agua dulce esenciales para las cuencas de montaña. Laura Zalazar, geóloga y coordinadora del Inventario Nacional de Glaciares, explicó que el ambiente periglacial incluye hielo no siempre visible o mapeable. “Puede que algún cuerpo de hielo no esté en el inventario, pero eso no significa que no exista. Desde la ciencia se trabaja con incertidumbre”, señaló.
Para Greenpeace, el principio precautorio debe guiar cualquier intervención. Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad, remarcó que los suelos congelados aportan entre el 25 y el 30% del caudal de los ríos cordilleranos en años de sequía. “Si hay dudas, no se puede destruir por precaución”, afirmó.
La disputa escaló tras la publicación de un documento firmado por 25 organizaciones bajo el título “Sin agua no hay desarrollo posible”, donde advirtieron que retroceder en la protección del ambiente periglacial sería “ilegal e inconstitucional”.
Mientras el Gobierno avanza con la propuesta, científicos, ambientalistas, gobernadores y sectores productivos se preparan para una discusión clave en torno al agua, la minería y el modelo de desarrollo en las zonas cordilleranas del país.
