Un grupo de senadores de las provincias patagónicas presentó en el Congreso un proyecto de ley para dejar sin efecto la eliminación de la Tarifa Social Federal de Gas y restablecer el sistema de subsidios energéticos vigente antes de las reformas impulsadas por el gobierno nacional.
La iniciativa fue impulsada por Cristina López (Tierra del Fuego), Ana Marks (Río Negro), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Martín Soria (Río Negro) y Carlos Linares (Chubut), y cuenta además con el acompañamiento de los senadores José Carambia (Santa Cruz), Pablo Bensusán (La Pampa), José Mayans (Formosa), Lucía Corpacci (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), Florencia López (La Rioja), Juliana Di Tullio (Buenos Aires) y María Teresa González (Formosa).
El proyecto propone derogar el Decreto 465/2024, el Decreto 943/2025 y la Resolución 101/2026 del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), normas que conforman el nuevo esquema de subsidios energéticos implementado durante la gestión del presidente Javier Milei.
Según los autores de la iniciativa, esas medidas implicaron la eliminación de la Tarifa Social Federal de Gas y una reducción significativa de los subsidios, con efectos directos en las facturas de los hogares, particularmente en las regiones de clima frío.
Recuperar un modelo de equidad energética
El texto legislativo plantea restituir el enfoque de política energética basado en la equidad social y el acceso a la energía como un derecho, recuperando las normativas vigentes antes de las reformas recientes.
En ese sentido, propone restablecer el esquema de segmentación tarifaria creado por el Decreto 332/2022, que dividía a los usuarios en tres niveles de ingresos (N1, N2 y N3), junto con la Tarifa Social Federal de Gas y el Programa Hogares con Garrafa (HOGAR), destinado a garantizar el acceso al gas licuado de petróleo para familias sin conexión a redes de gas natural.
Críticas al nuevo sistema de subsidios
En los fundamentos del proyecto, los legisladores sostienen que el actual esquema responde a una política de ajuste que impacta directamente en la economía de los usuarios.
Según los datos citados en la iniciativa, desde diciembre de 2023 las tarifas de servicios públicos registraron incrementos muy por encima de la evolución de los ingresos: el precio de la electricidad acumuló subas del 344% y el del gas del 617%, mientras que la inflación fue del 171% y los salarios crecieron alrededor del 229% en el mismo período.
Para los senadores, esta dinámica provocó que el peso de los servicios públicos dentro del gasto de los hogares aumentara de forma significativa.
Un régimen más restrictivo
La iniciativa también cuestiona el funcionamiento del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por el Decreto 943/2025, que reemplazó el sistema de segmentación en tres niveles por un esquema que divide a los usuarios entre hogares con subsidios y hogares sin subsidios.
De acuerdo con los legisladores, el nuevo modelo restringe el acceso a los beneficios al establecer que solo reciban subsidios los hogares con ingresos inferiores a tres canastas básicas totales, dejando fuera a miles de familias que antes tenían algún nivel de asistencia estatal.
Además, el beneficio se aplica únicamente sobre un “consumo base” considerado indispensable, por lo que cualquier uso por encima de ese umbral debe pagarse a precio pleno.
Para los representantes patagónicos, este criterio resulta especialmente problemático en regiones de bajas temperaturas, donde el consumo de gas para calefacción durante el invierno suele superar ampliamente ese nivel.
“En zonas frías, donde el gas es esencial para calefaccionarse durante gran parte del año, limitar los subsidios a un consumo base puede traducirse en facturas mucho más altas”, advierten en los fundamentos del proyecto.
Energía como derecho
Los senadores sostienen que el acceso a la energía debe ser considerado un derecho fundamental vinculado al desarrollo económico, la inclusión social y la igualdad de oportunidades.
En esa línea, remarcan que garantizar el acceso equitativo a servicios energéticos es una condición necesaria para mejorar la calidad de vida de la población y reducir las desigualdades territoriales.
Por ese motivo, subrayan que cualquier política tarifaria debe contemplar las particularidades climáticas y sociales de cada región, especialmente en provincias como las patagónicas, donde el consumo de gas para calefacción es considerablemente mayor que en otras zonas del país.
