El exintendente de San Carlos de Bariloche, Gustavo Gennuso, fue sobreseído en la causa judicial que lo investigaba por presunto peculado en el marco del programa nacional “Techo Digno”, luego de que el tribunal determinara que no se probó la sustracción de fondos públicos, requisito indispensable para configurar el delito previsto en el artículo 261 del Código Penal.
La acusación estaba centrada en dos transferencias por un total de 105 millones de pesos realizadas entre cuentas oficiales del municipio —una del Banco Nación y otra del Banco Credicoop— con fondos destinados originalmente a la construcción de viviendas. Sin embargo, los jueces consideraron que las operaciones se efectuaron dentro del mismo ámbito administrativo, sin que los recursos perdieran su carácter público ni su custodia estatal.
“Para que exista peculado, los bienes deben apartarse de la esfera de custodia del Estado, y eso no ocurrió”, señalaron los magistrados en los fundamentos. De acuerdo con el fallo, las transferencias fueron movimientos contables dentro de la propia administración municipal, sin evidencia de apropiación o desvío hacia fines personales.
Durante el juicio, testigos y funcionarios coincidieron en que el municipio mantuvo en todo momento el control sobre los fondos, que continuaron siendo auditados por los organismos de control. La sentencia precisó además que el simple traslado de dinero entre cuentas oficiales no implica sustracción, ya que ambas pertenecen al mismo ente estatal.
En su resolución, el tribunal también observó que la fiscalía optó por acusar únicamente por el delito de peculado, sin ampliar la imputación a figuras como desvío o administración fraudulenta. Esa limitación procesal, explicaron los jueces, restringió el análisis del caso a los hechos concretos presentados en la acusación.
Ante la falta de pruebas de que los fondos hayan salido del control estatal o se hayan utilizado de manera irregular, los magistrados concluyeron que el hecho era atípico y dispusieron el sobreseimiento de Gennuso, quien había sido intendente de Bariloche durante dos mandatos consecutivos.
La sentencia puede ser apelada, aunque por el momento el fallo representa un cierre judicial favorable para el exjefe comunal en una causa que tuvo amplia repercusión pública y política en la ciudad.
