El Gobernador Alberto Weretilneck destacó la importancia de este fallo “que ratifica todo lo que venimos diciendo respecto del abandono de las rutas por parte del Estado Nacional. No importa de qué gestión se trate, siempre miran para el costado cuando se trata de las necesidades del interior del país”.
“Lamentablemente, ante la falta de respuestas oficiales, Río Negro tuvo que recurrir a la Justicia, que finalmente nos dio la razón. Desde Buenos Aires quisieron hacernos creer que con un poco de bacheo estaban solucionando el problema, pero la realidad es que era y sigue siendo un peligro transitar por esa ruta. Nosotros nos preocupamos por los rionegrinos y rionegrinas, y por eso, fuimos a la Justicia. No queremos más excusas ni falsas promesas, queremos que hagan lo que tienen que hacer. Queremos rutas seguras para nuestra gente”, remarcó.
Se trata de una vía fundamental para la conectividad andina y el desarrollo económico y turístico de la región, cuyo estado de deterioro pone en riesgo la seguridad, la integridad física y la vida de quienes la transitan diariamente.
La Fiscalía de Estado provincial presentó la demanda en marzo de 2022 ante el Juzgado Federal de Bariloche, en el marco de una acción de amparo. Allí se reclamó que el Estado Nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, cumpla con sus deberes legales y constitucionales respecto al mantenimiento y seguridad de las rutas bajo su jurisdicción.
En su fallo de primera instancia, el Juzgado Federal hizo lugar al amparo y ordenó la ejecución inmediata de obras de bacheo, señalización y mantenimiento básico, medida que fue apelada por el Estado Nacional.
Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca ratificó en todos sus términos la sentencia, destacando la urgencia, razonabilidad y procedencia de la vía judicial elegida, y reconociendo la legitimación activa de la Provincia de Río Negro para accionar en defensa de derechos fundamentales como la vida, la salud y la seguridad vial de sus habitantes.
Desde la Fiscalía de Estado se valoró especialmente que el pronunciamiento de la Justicia Federal haya puesto en evidencia la inacción del organismo nacional durante años, y que se reconozca que el interés público provincial puede y debe ser resguardado incluso frente a incumplimientos del propio Estado Nacional.
Este fallo constituye un precedente relevante para toda la región y reafirma el rol institucional de la Fiscalía de Estado como garante de los derechos colectivos y del patrimonio público.
“Cuando se trata de proteger la vida y la seguridad de miles de rionegrinos, la Provincia tiene no solo el derecho, sino el deber de actuar”, señalaron desde el organismo.
