Se inició este jueves en Cipolletti la audiencia de control de acusación en la causa que investiga la presunta comisión de delitos en el marco del programa federal de viviendas “Techo Digno”. Los imputados en calidad de autores son los ex intendentes Abel José Baratti y Aníbal Tortoriello, la ex funcionaria municipal Lucila Chiocconi y los empresarios de la construcción Arturo Mendiberri, Domingo Mocciola y José Daniel Zoppi.
El Ministerio Público Fiscal expuso en primer lugar los hechos atribuidos y la calificación legal solicitada para el grupo de personas imputadas.
El primer hecho imputado a ambos intendentes en calidad de autores y al resto de los imputados como partícipes necesarios plantea que a través de un acuerdo suscripto por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda federal y la Municipalidad de Cipolletti, se debían construir 404 viviendas en esa localidad. Para ello el gobierno local representado por Baratti contrató a las empresas Zoppi Hnos., ECA S.A., Roque Mocciola S.A. y Zigma S.A..
Entre junio y diciembre de 2015 el municipio destinó pagos de anticipo financiero y certificados de obra por un total de 77.395.651,18 cuando el monto correcto apenas superaba los 60 millones; “es decir realizó un sobrepago de $16.551.411,02”, detalló la fiscalía.
En el primer cuatrimestre de 2015, en tanto, la gestión encabezada por Tortoriello recibió $22.847.489,87 (11,26% del convenio) y continuó con pagos por anticipo financiero que debían alcanzar los $41.768.978,06. En cambio se abonó $63.673.939,48, generándose un sobrepago de $21.904.961,42.
Se suma a ello el análisis realizado por el IPPV que midió avances físicos que resultaron menores a los certificados por las empresas, certificándose sobrecertificaciones. En este sentido se señaló la intervención de la funcionaria responsable del control interno contable, quien suscribió órdenes de pago que excedieron lo que correspondía según certificados.
En noviembre de 2016, la Municipalidad firmó convenios de rescisión con las empresas, en los que reconoció como válidas las mediciones realizadas por el IPPV. La fiscalía incorporó esos documentos a la prueba con la que buscará sostener que las certificaciones previas no reflejaron la realidad de lo construido.
El segundo hecho imputado refiere a la sustracción de fondos del programa desde la cuenta específica creada en el Banco de la Nación para la administración del mismo, hacia otras cuentas municipales.
La Fiscalía imputó a quienes ejercieron la Intendencia los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública en concurso real con peculado, en carácter de autores (arts. 173 inc. 7, 174 inc. 5, 261, 55 y 45 del CP). A su vez, se atribuyó a la funcionaria contable y a quienes presidían las empresas contratistas participación necesaria en administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173 inc. 7, 174 inc. 5 y 45 del CP).
Luego de ello los abogados defensores solicitaron el sobreseimiento de cada uno de sus clientes por prescripción de la acción penal, cada uno con argumentos individuales aunque coincidiendo en líneas generales.
Al momento de responder, el Ministerio Público Fiscal manifestó que le resultaba imposible expedirse porque no contaba con los antecedentes penales de los dos ex intendentes. Explicó que, para dar una respuesta fundada, era necesario cumplimentar el trámite legal correspondiente, ya que la existencia o no de condenas previas podría modificar sustancialmente la contestación.
Ninguno de los defensores expresó oposición a este planteo. En consecuencia, la jueza de juicio resolvió favorablemente, aludiendo al acuerdo entre las partes, y dispuso suspender la audiencia hasta tanto se obtengan los informes de antecedentes penales de cada uno de los imputados.
Las causas vinculadas al programa Techo Digno se investigan en diversas localidades de la provincia de Río Negro. En varias de ellas ya se realizaron formulaciones o reformulaciones de cargos, mientras que otras se encuentran en etapa de control de acusación o con fechas de juicio fijadas. Los procesos incluyen a personas que ocuparon cargos municipales, cooperativistas, funcionariado técnico y empresarios de la construcción. La complejidad documental, los planteos de competencia y las apelaciones extendieron los plazos, pero la mayoría de los expedientes ya avanzó hacia instancias definitorias en el cronograma judicial.
