Una adolescente chaqueña de 17 años fue víctima de un abuso sexual durante un viaje de egresados a Bariloche. El hecho ocurrió en octubre de 2024 y, casi dos años después, un tribunal condenó por unanimidad a un joven, también oriundo de Chaco, a seis años de prisión por abuso sexual con acceso carnal.
El ataque ocurrió durante la madrugada del 5 de octubre de 2024, cuando ambos participaban del viaje para celebrar el final de la secundaria. Según estableció la Justicia, la adolescente manifestó que no quería mantener relaciones sexuales y el acusado continuó pese a su negativa.
La sentencia integral fue dictada el 18 de septiembre de 2026 por los magistrados Sergio Damián Pichetto, César Ignacio Lanfranchi y Marcos Rafael Burgos, luego del juicio de responsabilidad desarrollado entre el 5 y el 7 de agosto. El tribunal rechazó la versión de la defensa, que había sostenido que el encuentro había sido consentido.
Para reconstruir lo ocurrido dentro de la habitación, el tribunal analizó el testimonio de la adolescente y distintas pruebas que permitieron corroborar aspectos centrales de su relato.
Los magistrados señalaron que la declaración de la víctima mantuvo estable su contenido central. También valoraron que, pocas horas después del ataque, le contó a una persona cercana que había manifestado su negativa y que el joven no se había detenido.
Ese mismo día, la adolescente envió mensajes y audios a su hermana en los que relató lo sucedido. Esas comunicaciones fueron preservadas e incorporadas al proceso judicial.
El fallo también analizó el consumo de alcohol. Los jueces no consideraron acreditado que hubiera anulado completamente la capacidad de decisión de la víctima. La responsabilidad penal se sustentó en que ella manifestó su rechazo al acto sexual y el acusado no respetó esa negativa.
Durante el juicio, la defensa argumentó que los exámenes médicos no habían registrado lesiones corporales ni genitales. El tribunal tuvo en cuenta ese resultado, pero sostuvo que no permitía concluir que la relación hubiera sido consentida.
En sus fundamentos, los jueces explicaron que no corresponde exigir lesiones, gritos o resistencia física como condición para acreditar la falta de consentimiento.
También rechazaron que el vínculo previo entre ambos modificara esa conclusión. Según señalaron, conocerse, haber tenido acercamientos o acordar un encuentro no equivale a aceptar una relación sexual. El consentimiento debe existir durante el acto y puede retirarse en cualquier momento.
Las evaluaciones psicológicas, en tanto, fueron consideradas para analizar las consecuencias emocionales posteriores y no como una prueba autónoma de la autoría.
La Fiscalía había solicitado siete años de prisión, mientras que la querella había pedido ocho. La defensa, en tanto, planteó que correspondía aplicar el mínimo legal de seis años.
Al definir la pena, el tribunal ponderó la extensión del daño causado, pero también tuvo en cuenta la ausencia de antecedentes penales del condenado, su juventud, su inserción laboral y familiar y otras circunstancias personales acreditadas durante el juicio.
Los magistrados entendieron que no había fundamentos suficientes para apartarse del mínimo previsto para el delito, cuya escala penal va de seis a quince años.
Así, establecieron una condena de seis años de prisión, con costas.
La sentencia todavía no está firme. Hasta que eso ocurra, los jueces dispusieron mantener la prohibición de acercamiento y contacto con la víctima y la prohibición de salir del país.
En paralelo al proceso penal, la familia impulsa una demanda civil por $547.921.752,76 contra Travel Rock S.A., con el patrocinio del abogado Ignacio Sinkovich.
La presentación fue realizada ante la Justicia Civil y Comercial del Chaco y sostiene que la empresa organizadora del viaje de egresados a Bariloche incumplió sus obligaciones vinculadas con el cuidado y la seguridad de los estudiantes.
Entre los cuestionamientos, la parte demandante afirma que los estudiantes podían cambiar las habitaciones asignadas y circular entre los dormitorios sin controles suficientes. También denuncia consumo de alcohol entre menores y cuestiona la actuación de los coordinadores.
Estas afirmaciones forman parte del reclamo y deberán ser discutidas y probadas dentro del proceso civil. La eventual responsabilidad de Travel Rock todavía debe ser determinada por la Justicia.
Otro de los puntos planteados por la familia está relacionado con lo ocurrido después de que se conociera la denuncia.
Según la presentación judicial, la víctima y su familia fueron trasladadas a otro alojamiento, mientras el entonces acusado permaneció con el contingente. La familia sostiene que esa decisión dificultaba que la adolescente pudiera continuar con las actividades del viaje sin encontrarse con él.
El reclamo económico incluye conceptos vinculados con incapacidad, daño moral y psicológico, pérdida de oportunidades, tratamientos de salud, gastos derivados del proceso penal y daño punitivo, entre otros rubros.
La presentación también solicita que la empresa identifique a su aseguradora de responsabilidad civil.
La condena penal contra el joven y la demanda civil contra Travel Rock constituyen procesos diferentes.
En el primero, la Justicia determinó la responsabilidad penal del acusado por el abuso sexual y le impuso una pena de seis años de prisión, aunque la sentencia aún no se encuentra firme.
En el segundo, la familia reclama una indemnización de casi $548 millones y sostiene que la empresa habría incumplido sus deberes de cuidado y seguridad durante el viaje de egresados. Esos planteos deberán ser analizados y probados en el proceso civil, que determinará eventualmente si existe responsabilidad de la compañía y qué monto corresponde.
