El Ministerio Público Fiscal de San Antonio Oeste formuló cargos contra un hombre que se desempeñaba como jefe de Tránsito de la Municipalidad de San Antonio Oeste, acusado de haber utilizado una tarjeta municipal de combustible durante un viaje particular, mientras se encontraba de licencia.
Según explicó el fiscal Gustavo Arbues durante la audiencia, el hecho investigado habría ocurrido entre el 20 y el 28 de diciembre de 2025. Durante ese período, el imputado habría utilizado la tarjeta YPF en Ruta que tenía asignada por sus funciones, sin contar —según la Fiscalía— con autorización municipal para solventar el viaje.
La acusación fue encuadrada en el delito de malversación de caudales públicos, en calidad de autor, de acuerdo con los artículos 45 y 260 del Código Penal.
Para sostener la formulación de cargos, la Fiscalía presentó la denuncia penal realizada el 24 de febrero de 2026 por la Secretaría de Gobierno municipal, junto con una ampliación efectuada el 20 de agosto.
En esa presentación se detallaron las funciones que cumplía el imputado, el mecanismo de utilización del sistema YPF en Ruta y las circunstancias en las que fueron detectados los consumos mientras se encontraba de licencia.
La denunciante también señaló que el pedido de comisión para viajar a Buenos Aires había sido rechazado previamente y que el hombre había sido advertido de que no podía utilizar la tarjeta. Según la acusación, pese a ello, los gastos terminaron siendo abonados por la Municipalidad.
Entre la documentación incorporada figuran una nota dirigida a la Jefatura de Capital Humano, con el detalle de fechas, lugares y horarios de las cargas de combustible; los tickets presentados por el imputado al regresar del viaje y la solicitud de licencia realizada ante Recursos Humanos.
Además, se incorporó una planilla de gastos correspondiente al período comprendido entre el 20 y el 29 de diciembre de 2025, por un total de $359.707,01.
La Fiscalía presentó además el organigrama municipal, que establece la dependencia de la Jefatura de Tránsito respecto de la Secretaría de Gobierno, y un informe del Registro de la Propiedad Automotor que acredita que el vehículo utilizado pertenece al imputado y a su cónyuge.
También fue incorporada la resolución de la Junta de Calificación y Disciplina, que luego del procedimiento administrativo dispuso la cesantía del funcionario.
La Defensa Pública, representada por Carlos Dvorzak y el adjunto Adrián Zimmermann, se opuso enfáticamente a la formulación de cargos.
Durante la audiencia, el imputado explicó que había viajado a Buenos Aires para trasladar dos aparatos pertenecientes a su área que necesitaban ser calibrados. También manifestó que era habitual utilizar su automóvil para cumplir tareas vinculadas con sus funciones y reconoció que realizó el traslado en un viaje particular y que utilizó una aplicación para efectuar las cargas de combustible.
Dvorzak cuestionó que no exista documentación que acredite el supuesto rechazo previo del pedido de licencia y sostuvo que la modalidad de actuación descripta había sido habitual dentro de las funciones que desempeñaba el imputado.
Además, remarcó que posteriormente el importe correspondiente a los consumos fue descontado de sus recibos de sueldo. Desde esa perspectiva, la Defensa sostuvo que no existen elementos suficientes para configurar un delito, debido a que no habría existido un perjuicio económico para el Estado.
Finalmente, el juez de garantías Fabio Corvalán tuvo por formulados los cargos contra el imputado y habilitó un plazo de cuatro meses de investigación penal.
Durante ese período, tanto la Fiscalía como la Defensa podrán avanzar en el desarrollo y sustento de sus respectivas teorías del caso dentro de la causa por el presunto uso irregular de fondos públicos y una tarjeta municipal de combustible.
