Masivo reclamo universitario contra el Gobierno: “Cumplan con la ley, no hipotequen el futuro”

Una multitud de estudiantes, docentes, no docentes e investigadores colmó Plaza de Mayo en el marco de la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la asunción de Javier Milei. La protesta, convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, se replicó de manera simultánea en todo el país para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Entre los principales reclamos se destacan el incumplimiento de la normativa por parte del Gobierno, la falta de acatamiento a fallos judiciales que ordenan la recomposición salarial y de becas, la reducción presupuestaria para el sector y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios.

Durante el acto central, estudiantes leyeron el documento oficial en el que exigieron a la Casa Rosada que acate de manera inmediata la ley ya votada, ratificada y respaldada por la Justicia en dos instancias, mientras se aguarda la intervención final de la Corte Suprema.

Dirigentes de diferentes fuerzas políticas acompañaron la concentración en Plaza de Mayo, en una jornada atravesada por fuertes críticas al Ejecutivo y un firme reclamo en defensa de la educación pública. Desde las autoridades universitarias hasta los gremios docentes y nodocentes coincidieron en el mensaje: “La universidad argentina es un logro histórico que debe preservarse”.

Mientras tanto, el Presidente siguió el desarrollo de la marcha desde Quinta de Olivos, y el Gobierno volvió a cuestionar lo que considera una “politización del reclamo”, aunque admitió que gran parte de los manifestantes expresaron demandas legítimas. La protesta se produjo además en un momento de tensión interna dentro del Gabinete y en medio de la dificultad del oficialismo para avanzar con su agenda legislativa.

La jornada dejó un mensaje unificado: el sistema universitario argentino exige que se respete la ley, se cumplan los fallos judiciales y se detengan los recortes que —según las organizaciones convocantes— ponen en riesgo el futuro de la educación pública.

Fuente: Infobae.