Investigación en Cholila: la Fiscalía secuestró más de 1.700 documentos por presuntas irregularidades en fondos públicos

La Fiscalía avanzó en una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos en Cholila, donde se secuestró una importante cantidad de documentación contable del municipio.

El fiscal general de Lago Puelo, Carlos Díaz Mayer, explicó que el procedimiento realizado no fue un allanamiento, sino una “orden de presentación”, una herramienta legal que permite a la Fiscalía requerir documentación directamente a organismos públicos sin necesidad de autorización judicial previa.

“Para hablar técnicamente, no es un allanamiento. La orden de presentación me permite requerir documentación y el funcionario tiene que entregarla. Solo en caso de negativa se solicita una orden judicial”, detalló.

La diligencia se llevó a cabo en la Municipalidad de Cholila y tuvo como objetivo reunir información relacionada con el manejo y distribución de fondos de la Fiesta del Asado en los últimos años, a partir de una denuncia que advierte posibles irregularidades.

Según indicó el fiscal, se secuestraron más de 1.700 hojas entre facturas y planillas, material que será remitido al equipo técnico multidisciplinario para su análisis. “Buscamos determinar si hubo un manejo irregular o si existe alguna maniobra con tinte delictivo”, sostuvo.

La causa, que se inició hace algunos años, ya había tenido un primer informe preliminar de un contador que sugirió la posibilidad de inconsistencias, lo que motivó profundizar la investigación.

En esta etapa, no hay personas imputadas ni señaladas como responsables directos. “La denuncia no apunta contra alguien en particular, sino que menciona irregularidades. No hay nadie sindicado como autor”, aclaró Díaz Mayer.

Respecto al procedimiento, el funcionario destacó que el municipio colaboró con la entrega de la documentación requerida, lo que permitió completar la diligencia sin inconvenientes.

Ahora, el avance del caso dependerá del análisis técnico contable, un proceso que no tiene plazos definidos. “Es el tiempo del equipo técnico, de los contadores y de la disponibilidad que tengan. Recién con ese informe podremos saber si hay elementos para avanzar o si corresponde archivar la causa”, concluyó el fiscal.