Ante esta situación, el legislador Javier Acevedo (ARI) impulsó un proyecto para exigir al gobierno rionegrino la actualización urgente de los aportes destinados a estas instituciones.
“El sostenimiento operativo de los cuarteles demanda altísimos costos, especialmente en el mantenimiento de vehículos, la compra de equipamiento y el consumo de combustible”, expresa el autor de la idea.
Añade que “si bien los bomberos cuentan con apoyo estatal y realizan una eficaz administración, los recursos disponibles resultan siempre insuficientes frente a los gastos diarios”.
Recuerda que para ayudar a financiar estas instituciones “en el año 2011 se promulgó la Ley N.º 4710, la cual estableció un Aporte Ciudadano Voluntario de monto fijo que los usuarios abonan en sus facturas de energía eléctrica de la empresa EDERSA. Dicho aporte está estructurado en tres categorías tarifarias: Residencial, Comercial y Grandes Demandas. Sin embargo, la constante suba de precios ha dejado estos montos completamente rezagados”.
El peso de la inflación
El texto del proyecto advierte que la última actualización de esta contribución se resolvió el 28 de septiembre de 2023, a través del Decreto N.º 1092/2023. Desde esa fecha, la región ha sufrido una inflación acumulada superior al 290%, de acuerdo al índice de Nivel General publicado por el INDEC. Aunque la inflación mensual ha mostrado una desaceleración reciente, manteniéndose por encima del 2% mensual, la pérdida de valor real del aporte sigue siendo crítica para el funcionamiento de los cuarteles.
La Ley D N.º 168, previendo contextos inflacionarios, establece en su artículo 39 que el Poder Ejecutivo Provincial se reserva el derecho de incrementar los montos vigentes, al menos una vez por año. Al respecto, los fundamentos del proyecto legislativo son categóricos: “Resulta manifiesto que dicha actualización no se ha producido y su concreción es, a todas luces, urgente e imprescindible”.
Finalmente, el proyecto de comunicación exige formalmente al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Seguridad y Justicia que “procedan a actualizar estos fondos de manera inmediata, tomando como referencia los índices de inflación de la Región Patagónica”. Con esto se busca proteger a las instituciones civiles que, guiadas por el máximo valor de la solidaridad, arriesgan su vida para proteger a los ciudadanos y sus bienes en toda la geografía provincial.
