Con 26 votos a favor y 17 en contra el bloque Juntos Somos Río Negro logró la mayoría junto al bloque Primero Río Negro y la Coalición Cívica Ari Cambiemos para la ley que autoriza al Poder Ejecutivo a sobregirar el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (FUCO) y a emitir Letras de Tesorería durante el ejercicio 2026, una iniciativa enviada por el gobernador Alberto Weretilneck con Acuerdo General de Ministros y tratada en única vuelta.
Durante el debate, la legisladora Soraya Yauhar, de Juntos Somos Río Negro, actuó como miembro informante y explicó que la norma habilita dos herramientas financieras esenciales para el normal funcionamiento del Estado provincial, permitiendo afrontar los desequilibrios estacionales de caja que se producen todos los años.
Yauhar detalló que el proyecto autoriza a sobregirar el FUCO hasta $140.000 millones a partir del 1° de marzo de 2026, y habilita la emisión de Letras de Tesorería por hasta $120.000 millones. Destacó que estas herramientas permiten garantizar pagos como salarios, obligaciones impostergables y el sostenimiento de los servicios básicos. Además, remarcó que la provincia viene desarrollando un proceso sostenido de desendeudamiento: el stock de deuda representaba el 63,10% de los ingresos en 2023, bajó al 21,01% en 2024 y se proyecta en torno al 19% para 2025. También subrayó la importancia de incorporar la deuda vinculada a las rutas 6 y 8, fundamentales para la conectividad productiva y sanitaria entre la Región Sur y el Alto Valle.
Desde el oficialismo, el legislador Facundo López sostuvo que “algunos discursos ignoran el pasado reciente y recordó que cuando esta gestión asumió, la deuda representaba el 110% de los recursos provinciales, mientras que hoy ronda el 30%”. Explicó que la solicitud de autorización para Letras y sobregiros se repite cada año porque no existen alternativas reales: “No es magia, si gobernara otro pediría las mismas herramientas”. Señaló además que la autorización solicitada no está calculada con inflación, sino en función de la masa salarial y los desfasajes naturales entre el pago de sueldos y el ingreso posterior de la recaudación provincial y la coparticipación.
El acompañamiento también fue expresado por otros bloques. Yolanda Mansilla (Primero Río Negro) aseguró que “estas herramientas son habituales y utilizadas por gobiernos de todas las jurisdicciones”. César Domínguez acompañó pero remarcó la necesidad de discutir el gasto estructural del Estado.
Por su parte, Ariel Bernatene afirmó el compromiso de su bloque y señaló que la UCR integra el gobierno provincial y aporta gobernabilidad diaria. Desde la Coalición Cívica ARI–Cambiemos, Fernando Furgoni recordó que el año pasado aprobaron mecanismos similares y aseguró que hasta el momento no se emitió ninguna letra, pese a las especulaciones.
Los bloques que votaron en contra también expusieron sus argumentos. Desde Vamos con Todos, Luciano Delgado Sempé cuestionó la recurrencia del Ejecutivo en pedir autorizaciones de este tipo desde hace más de 14 años y criticó los intereses pagados por los sobregiros de 2025, especialmente los del mes de octubre, en plena campaña electoral. Su compañero de bancada, José Luis Berros, agregó que el endeudamiento no mejora la calidad de vida de los rionegrinos y vinculó la situación financiera a los gastos electorales recientes. En tanto, Valeria Lacour (Unión PRO Republicana) sostuvo que el problema no son las herramientas en sí, sino la administración que lleva al Estado a gastar más de lo que ingresa. Juan Martín, del mismo bloque, también fundamentó su rechazo y criticó que el gobierno recurra cada año a las mismas urgencias de caja, lo que a su entender revela una conducta financiera recurrente.
Desde el PJ–Nuevo Encuentro, Leandro García señaló que no pueden acompañar un incremento de más del 100% en las autorizaciones cuando los recursos y los gastos no crecen en proporciones similares, y cuestionó la falta de transparencia en el uso de estas herramientas. Por último, Santiago Ibarrolaza manifestó que, tras más de 14 años de pedidos de endeudamiento, el gobernador debería mostrar una gestión financiera más sólida y evitar recurrir nuevamente a la Legislatura en busca de autorizaciones extraordinarias.
