La irrupción de la inteligencia artificial generativa en la comunicación política abrió un nuevo escenario de oportunidades, pero también de riesgos. En ese contexto, un proyecto presentado en la Legislatura de Río Negro propone establecer reglas claras para el uso de estas herramientas durante las campañas electorales, con el objetivo de combatir las fake news, los deepfakes y otras formas de manipulación digital que pueden afectar la voluntad popular.
La iniciativa fue impulsada por el legislador César Domínguez, del bloque Primero Río Negro, y plantea modificaciones a la Ley O N° 2431, correspondiente al Código Electoral provincial. Según los fundamentos del proyecto, la propuesta no busca restringir el desarrollo tecnológico ni impedir el uso de inteligencia artificial en la actividad política, sino garantizar transparencia y evitar que los ciudadanos sean engañados mediante contenidos falsos que aparenten ser reales.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la obligación de identificar de manera clara cualquier contenido electoral generado o modificado sustancialmente mediante inteligencia artificial. La medida alcanzaría a imágenes, audios, videos y piezas gráficas que simulen situaciones reales.
De aprobarse la norma, estos materiales deberán incluir de forma visible o audible la leyenda: “Este contenido ha sido creado y/o modificado con inteligencia artificial”. El objetivo es que los votantes puedan distinguir cuándo están frente a contenido auténtico y cuándo se trata de material elaborado mediante herramientas digitales.
El proyecto también apunta directamente contra la denominada “suplantación electoral sintética”, es decir, la creación de deepfakes destinados a atribuir falsamente declaraciones, apoyos políticos, renuncias o conductas inexistentes a candidatos, partidos o autoridades electorales.
Asimismo, la propuesta prohíbe el uso de bots no identificados para simular respaldo ciudadano en redes sociales y restringe la segmentación política basada en datos sensibles obtenidos sin consentimiento de los usuarios.
Para quienes incumplan las disposiciones, se contempla un esquema de sanciones progresivas que incluye apercibimientos públicos, intimaciones, multas económicas de entre cincuenta y mil jornales mínimos, e incluso la reducción o pérdida total de los aportes públicos destinados a campañas electorales.
Además, se otorga a la Justicia Electoral la facultad de ordenar la eliminación rápida de contenidos engañosos difundidos en plataformas digitales, estableciendo un plazo máximo de 48 horas desde su denuncia para proceder a su retiro.
Los autores del proyecto remarcan que la regulación no debe convertirse en una herramienta de censura ni en un mecanismo para imponer una “verdad oficial”. Por ese motivo, la iniciativa excluye expresamente de las sanciones a los contenidos humorísticos, satíricos, caricaturescos o paródicos.
También protege el ejercicio del periodismo y la investigación ciudadana, garantizando que la normativa se enfoque exclusivamente en combatir la manipulación deliberada y no en limitar el debate público o la libertad de expresión.
Con el avance de las tecnologías capaces de generar imágenes, voces y videos cada vez más realistas, la discusión sobre el impacto de la inteligencia artificial en los procesos democráticos comienza a instalarse con fuerza en Río Negro, donde este proyecto busca anticiparse a uno de los principales desafíos electorales de la era digital.
