


Secta rusa en Bariloche: imputan a 21 personas por trata de personas y explotación



La Justicia de Bariloche imputó a 21 ciudadanos rusos por integrar una organización criminal transnacional dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual y reducción a la servidumbre. Según la acusación de la fiscalía, la organización captó a una joven de 22 años en Rusia y la trasladó a Argentina, donde dio a luz en marzo pasado en un hospital de Bariloche.
Entre los imputados se encuentra el supuesto líder de la secta, un hombre condenado en Rusia a 11 años de prisión por abuso sexual. La fiscalía sostiene que la estrategia de la banda era inscribir al hijo de la víctima con el apellido del líder para que este pudiera obtener la nacionalidad argentina y, posteriormente, solicitar la residencia en Brasil, buscando eludir un pedido de captura internacional.
Durante los operativos, la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo a 13 de los acusados —incluido el líder— en aeropuertos de Bariloche y Buenos Aires, cuando intentaban huir hacia San Pablo, Brasil. El resto de los involucrados permanece en libertad, pero con restricciones.
La investigación reveló que la organización utilizaba métodos de engaño y coerción, presentándose como un espacio espiritual de yoga para captar a sus víctimas. La fiscalía describió un modus operandi que incluía restricciones alimentarias, control absoluto de las actividades diarias de los miembros y un aislamiento casi total del exterior. Incluso se hallaron vajillas con nombres, botellones de agua rotulados y habitaciones cerradas bajo llave donde se almacenaban alimentos.
El caso se inició cuando médicos de un hospital local detectaron signos de sometimiento en la joven embarazada, que había acudido acompañada por otras mujeres que no le permitían hablar. Tras el parto, las acompañantes intentaron que el bebé fuera inscrito con el apellido del líder de la organización, hecho que derivó en la denuncia formal.
Las autoridades también detectaron en poder de los imputados pasaportes de otros países, sustancias estupefacientes, documentación falsa y propiedades alquiladas con características sospechosas. La investigación continúa, mientras la Justicia busca esclarecer el alcance completo de la red y sus conexiones internacionales.




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