El Congreso de la Nación está entrando en sus últimos días de sesiones ordinarias y todo hace suponer que el PRO deberá esperar otro año para poder avanzar con su anhelado proyecto de Ficha Limpia para acceder a cargos públicos.
Hasta la semana pasada, acompañado por LLA y la UCR, contaba con el apoyo para poder avanzar en este proyecto que los amarillos “empujan” desde el 2017. la intención era darle un nuevo impulso y acelerar luego de la ratificación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, hoy no pudo: el partido de Mauricio Macri quedó a un diputado de poder lograr que se debata.
Pasados los 30 minutos desde el inicio de sesión, el tablero indicaba 128 presentes y el presidente de la Cámara, Martín Menem, no hacía lugar al pedido del PRO de prorrogar 15 minutos y se caía la sesión.
Más allá de la ausencia de los 99 diputados del bloque de Unión por la Patria y de los 5 del bloque de izquierda, que era previsible, lo llamativo fueron las ausencias de los “propios”. Principalmente del PRO y de LLA, que fueron quienes impulsaron la sesión y la norma.
Por el PRO se ausentaron los diputados Alejandro Finocchiario, José Núñez y Aníbal Tortoriello. El caso de Núñez es por el que se pidió una extensión del plazo, ya que llegó tarde. Por el oficialismo no estuvo Marcela Pagano, quien cursa un embarazo.
Por el bloque de Encuentro Federal, los ausentes fueron Florencio Randazzo, Natalia De la Sota, Jorge Avila y Alejandra Torres. El diputado Esteban Paulón llegó un minuto tarde.
Lo llamativo también fue la ausencia de los tres diputados de Tucumán del bloque Independencia. Los legisladores que suelen acompañar a la Libertad Avanza hoy no estuvieron presentes.
El proyecto, que ha sido reclamado días atrás por el ex presidente Mauricio Macri, propone que la inhabilitación de los políticos comience desde que exista una sentencia condenatoria, aunque no esté firme, siempre que sea confirmada por un órgano judicial superior. Esto incluye delitos como cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y enriquecimiento ilícito, entre otros. La confirmación judicial sería responsabilidad de la Cámara de Casación.
Por su parte, el peronismo, que no dio quórum, tenía un dictamen de minoría que establece que las condenas sólo quedan firmes cuando la Corte Suprema se expide al respecto. Este dictamen también amplía la lista de ilícitos considerados, incluyendo diferentes delitos económicos.
