En los fundamentos de la iniciativa los parlamentarios destacan “la agobiante situación en la que se encuentra la gran mayoría de rionegrinos y rionegrinas por el aumento de las tarifas de los servicios públicos, fruto de las políticas nacionales que, desde la asunción del nuevo Gobierno, combinan una quita agresiva de subsidios energéticos a amplias franjas de la población, con fuertes subas en las tarifas de parte de las empresas concesionarias.” A su vez, señalan como agravante “el retiro del Estado provincial de las gestiones de control y regulación del sector y los múltiples incrementos que el Gobierno rionegrino, a través del EPRE, ha autorizado a las empresas distribuidoras.”
La legisladora Ana Marks explicó al respecto: “El proyecto presentado es el resultado de un trabajo junto a vecinos y vecinas que se fueron acercando a los distintos lugares donde estuvimos asistiéndolos con la inscripción, para que no pierdan sus subsidios. Allí nos expresaron la situación agobiante que atraviesan en su día a día. Los tarifazos están licuándoles el salario a los rionegrinos y rionegrinas.”
Asimismo, desde el bloque advirtieron que “las familias rionegrinas están empobrecidas, eligiendo entre comer o pagar las facturas de electricidad, y las pymes debatiéndose entre sostener o cerrar sus puertas. Mientras tanto, el Gobierno provincial en complicidad con Milei sigue aumentando las tarifas. Hay que poner un freno ya a los aumentos y cortes de servicio, sino será tarde y estaremos en medio de una catástrofe social.”
En cuanto a la suspensión de cortes de suministro, el proyecto indica que las empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica deberán abstenerse de requerir y/o perseguir el cobro de cualquier suma de dinero, o llevar a cabo cortes o suspensión del suministro del servicio por la falta de pago, “por los períodos comprendidos desde el 1° de enero de 2024, y el plazo de vigencia de la emergencia declarada por esta ley.”
Además, el proyecto establece la realización de una audiencia pública especial, convocada por el Presidente de la Legislatura, en un plazo que no puede exceder los ciento ochenta días corridos desde la sanción de la Ley. La misma tendrá el objetivo de que sean evaluadas exhaustivamente las variables afectadas por el régimen tarifario del servicio público de energía eléctrica.
Por último, la Legisladora Marks señaló con contundencia: “En una provincia productora de energía, mientras un par se reparten las ganancias, las decisiones del Gobernador y del EPRE someten a los rionegrinos y a las rionegrinas a la pobreza energética.”
