La Fiscalía de Bariloche formuló cargos contra un hombre por dos hechos contra la propiedad ocurridos en distintos momentos y que tramitan en legajos separados. La acusación incluye el ingreso a un jardín de infantes, de donde habrían sido sustraídos un televisor y una guitarra, y el apoderamiento de una prenda de vestir en un comercio de la ciudad.
Debido a la situación de salud mental del imputado, la Justicia dispuso que la prisión preventiva se cumpla inicialmente en el Hospital Zonal de Bariloche, con la correspondiente custodia, por un plazo de 15 días. Durante ese período permanecerá internado para recibir asistencia, ser compensado y completar las evaluaciones profesionales destinadas a determinar su estado y su capacidad para afrontar el proceso judicial.
Según explicaron la fiscal del caso Sofía Ocampo y la fiscal jefa Betiana Cendón, el primero de los hechos ocurrió durante la madrugada del 8 de septiembre de 2026. De acuerdo con la acusación, el hombre habría ingresado al establecimiento educativo junto con otra persona, luego de atravesar el cerco y acceder al lugar por una ventana.
Este episodio fue calificado provisoriamente como robo en carácter de coautor. La investigación sostiene que del establecimiento fueron sustraídos un televisor y una guitarra, además de los daños y consecuencias derivados del ingreso al edificio.
El segundo hecho ocurrió el 20 de marzo de 2026, en un comercio de Bariloche. Según la acusación, el imputado habría tomado una prenda de vestir, la habría colocado dentro de una bolsa y posteriormente se habría retirado del local sin abonarla. Este episodio fue encuadrado provisoriamente como hurto, a título de autor.
Como elementos de respaldo para ambas imputaciones, la Fiscalía presentó las denuncias, actas elaboradas por personal policial y registros de cámaras de seguridad de los establecimientos involucrados. En el caso del jardín de infantes también se incorporó el testimonio de su responsable, quien relató cómo se habría producido el ingreso y las consecuencias que el hecho generó en la comunidad educativa.
Al inicio de la audiencia, un profesional del Cuerpo de Investigación Forense brindó información sobre la situación del acusado. Señaló que requiere atención de manera continua y que, actualmente, no se encontraría en condiciones de sostener por sus propios medios un tratamiento ambulatorio.
Las defensoras públicas penales Paola del Río y Diana Violante asistieron al imputado durante la audiencia y solicitaron que el avance del proceso tenga en cuenta su estado de salud y los resultados de las evaluaciones profesionales que todavía se encuentran pendientes.
Finalmente, el juez de Garantías Juan Pablo Laurence tuvo por formulados los cargos y habilitó un plazo de investigación de un mes, acordado entre las partes. Durante ese período se realizarán distintas pericias y, posteriormente, se revisarán las medidas dispuestas en relación con el imputado.
