Un fallo del Juzgado Multifueros de El Bolsón dispuso una serie de medidas contra un progenitor que mantiene una deuda de casi 4 millones de pesos por cuota alimentaria. Entre las restricciones ordenadas se encuentra la suspensión de servicios digitales contratados a su nombre, como Netflix, Disney+, Max, Prime Video, Spotify y YouTube, además de la imposibilidad de renovar su licencia de conducir.
La resolución se fundamentó en el artículo 553 del Código Civil y Comercial, que permite a los jueces establecer medidas razonables frente al incumplimiento reiterado de una obligación alimentaria, con el objetivo de garantizar que la sentencia pueda hacerse efectiva.
La medida establece que las empresas deberán informar primero si el hombre tiene servicios contratados a su nombre. En caso de existir, deberán suspender las cuentas vigentes y evitar nuevas contrataciones mientras persista el incumplimiento.
La resolución aclara que la decisión no presupone que actualmente el progenitor tenga contratados Netflix, Disney+, Max, Prime Video, Spotify o YouTube. Las compañías deberán verificar esa situación y actuar de acuerdo con lo ordenado judicialmente.
En el expediente existe una liquidación aprobada de casi 4 millones de pesos. Ante la continuidad de la deuda, la madre solicitó nuevas medidas destinadas a generar condiciones que permitan conseguir el cumplimiento de la obligación alimentaria.
El alcance de las restricciones no se limitó a los servicios de entretenimiento. El Poder Judicial ordenó comunicar la situación a la municipalidad de la ciudad donde reside el hombre, para que proceda a inhabilitar su licencia de conducir y no permita su renovación hasta que exista una nueva resolución que modifique esa medida.
El pedido formulado por la madre contó además con el dictamen favorable del Defensor de Menores. Al analizar el caso, la magistrada sostuvo que este tipo de herramientas no tiene una finalidad estrictamente sancionatoria, sino que busca generar mecanismos que disuadan al deudor de continuar incumpliendo.
Las nuevas restricciones se suman a otras medidas que ya se encuentran en trámite dentro del expediente. Entre ellas figura un mandamiento de embargo sobre un rodado.
Además, el Poder Judicial ordenó consultar a los Registros de la Propiedad Inmueble de Río Negro y Neuquén para determinar si existen bienes registrados a nombre del deudor. En caso de detectarse propiedades, podrá evaluarse la posibilidad de avanzar con un embargo para intentar recuperar los montos adeudados.
La magistrada remarcó que el derecho alimentario es un derecho humano básico y que el incumplimiento afecta el derecho de los hijos a un nivel de vida adecuado, además de comprometer su interés superior.
La jueza decidió, sin embargo, rechazar la imposición de una multa. Consideró que sumar una nueva obligación económica no sería una medida eficaz frente a una persona que hasta el momento no ha cumplido con el pago de la cuota alimentaria.
En ese sentido, sostuvo que las herramientas deben seleccionarse de acuerdo con las circunstancias particulares del caso y teniendo en cuenta cuáles pueden ofrecer mayores posibilidades de lograr el cumplimiento.
El fallo también señaló que, frente a un incumplimiento sistemático de la obligación alimentaria, puede promoverse una acción penal para buscar una respuesta que trascienda el ámbito civil.
La resolución no se encuentra firme, ya que puede ser apelada.
