Según sostienen los denunciantes, el sector figuraría como espacio público en los planos catastrales, aunque actualmente formaría parte de un predio privado. Además, cuestionan la falta de intervención de organismos municipales y judiciales para esclarecer la situación.
La polémica también reavivó reclamos por una supuesta desigualdad en la aplicación de las normas, ya que vecinos comparan este caso con otros conflictos por ocupaciones de tierras donde las actuaciones oficiales suelen ser más rápidas.
Si bien no existen resoluciones judiciales que determinen irregularidades, el caso volvió a generar cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de cuestiones vinculadas al ordenamiento territorial y los presuntos beneficios para funcionarios o personas cercanas al poder.
