La Fiscalía de Esquel formalizó este jueves una investigación penal contra un hombre acusado de una serie de hechos ocurridos entre el 5 y el 6 de octubre, en el marco de un contexto de violencia de género.
El Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal María Bottini, el procurador de Fiscalía Ismael Cerda y el funcionario Mauro Beloqui, solicitó la prisión preventiva del imputado y sostuvo que existen riesgos concretos de fuga y entorpecimiento de la investigación.
La investigación incluye acusaciones por abuso sexual, privación ilegítima de la libertad, amenazas, lesiones agravadas por el contexto de violencia de género y desobediencia a una orden judicial.
De acuerdo con la acusación fiscal, el 5 de octubre por la tarde el imputado habría concurrido al domicilio de la víctima, pese a que tenía vigente una prohibición de acercamiento dictada por el Juzgado de Familia el 19 de septiembre.
Posteriormente, ambos se trasladaron hasta la vivienda del acusado, ubicada en el barrio Ceferino. Según la Fiscalía, durante la madrugada del 6 de octubre el hombre habría agredido físicamente a la mujer, cerrado la puerta con llave y retenido a la víctima contra su voluntad, impidiéndole abandonar el inmueble.
En ese contexto, siempre según la acusación, se habría producido el abuso sexual, pese a las negativas expresadas por la víctima. La Fiscalía también señaló que el imputado habría recurrido a amenazas y manipulaciones vinculadas con posibles autolesiones para evitar que ella buscara ayuda o realizara una denuncia.
La Fiscalía indicó que durante la tarde del 6 de octubre la mujer logró escapar del inmueble aprovechando un descuido del acusado, quien había salido a pedir agua a un vecino.
Durante la audiencia, el imputado hizo uso de la palabra y negó que los hechos hubieran ocurrido de la manera planteada por la Fiscalía. Su defensa, además, solicitó distintas medidas de prueba destinadas a respaldar su postura.
Al discutir las medidas de coerción, el Ministerio Público Fiscal pidió que el acusado permanezca detenido durante seis meses, fundamentando el pedido principalmente en el peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
En cuanto al riesgo de fuga, la Fiscalía señaló la falta de un arraigo firme del imputado, mencionando que no tendría empleo formal y que habría residido anteriormente en distintas localidades, entre ellas Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Tecka y Bahía Blanca.
También consideró la gravedad de la pena que podría corresponder en caso de una eventual condena y su comportamiento durante el procedimiento de allanamiento.
Respecto del posible entorpecimiento, la Fiscalía incorporó un informe interdisciplinario del Servicio de Asistencia a la Víctima (SAV) que determinó un nivel de “Riesgo Alto”, con 37 puntos. Para la acusación, la prisión preventiva resulta necesaria para evitar eventuales presiones o represalias sobre la denunciante.
La defensa, en tanto, propuso como alternativa un arresto domiciliario en la localidad de Tecka y consideró desproporcionada la medida solicitada por la Fiscalía.
Finalmente, el juez de la causa hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y ordenó la prisión preventiva del imputado por seis meses.
Entre los fundamentos de la resolución, el magistrado consideró que existen elementos objetivos que permiten respaldar inicialmente el relato de la víctima, entre ellos la constatación médica de lesiones y las verificaciones realizadas en la vivienda respecto de los mecanismos de cierre y cerrojos.
También entendió que se encuentran acreditados, en esta etapa inicial, los riesgos procesales planteados por la Fiscalía, teniendo en cuenta el arraigo considerado débil y la gravedad de la eventual pena.
Por último, el juez valoró que el acusado ya habría incumplido una restricción judicial de acercamiento y que, de acuerdo con la acusación, habría intentado ejercer distintas formas de presión sobre la víctima.
En ese marco, concluyó que el traslado del imputado a Tecka bajo arresto domiciliario no ofrecía garantías suficientes para neutralizar los riesgos señalados y proteger la seguridad e integridad de la denunciante.
