Un hombre fue condenado a siete meses de prisión de cumplimiento efectivo por amenazas simples y desobediencia judicial, luego de amenazar a su expareja y violar una prohibición de acercamiento y contacto dispuesta por la Justicia. Los hechos ocurrieron durante junio y julio de este año en El Bolsón.
El fiscal del caso, Francisco Arrien, relató durante la audiencia los hechos que integraron el acuerdo pleno alcanzado entre las partes, que comprendió dos legajos. La pena acordada también contempló un antecedente penal del hombre condenado.
El primer episodio ocurrió el 22 de junio, alrededor de las 21:30, cuando el hombre se presentó en la vivienda de su expareja y la amenazó luego de que ella le impidiera ingresar. Ante el temor por su integridad física, la mujer dio aviso a la Policía, que acudió al lugar y procedió a detenerlo.
El segundo hecho ocurrió el 9 de julio, cerca de las 19, cuando el acusado regresó al domicilio pese a la restricción judicial que había sido dispuesta durante la formulación de cargos.
Al advertir su presencia, la mujer salió de la vivienda y pidió ayuda a personas que transitaban por el lugar, ya que el hombre comenzó a seguirla. Finalmente, fue detenido durante la madrugada siguiente por orden de la Fiscalía.
Entre las pruebas reunidas en ambos legajos se incorporaron las denuncias y entrevistas realizadas a la víctima, el testimonio de una persona que presenció el primer episodio, actuaciones policiales, registros del 911 e informes elaborados por Criminalística e Investigación.
También se destacó la intervención de la Oficina de Atención a la Víctima durante el proceso.
La defensa penal pública, integrada por Marcos Miguel y la defensora Natalia Araya, señaló que había analizado junto con su asistido las pruebas correspondientes a ambos legajos.
El acusado reconoció su responsabilidad y manifestó su conformidad con los hechos relatados, la calificación legal y la pena acordada. Además, la defensa solicitó que, antes de remitir la causa al Juzgado de Ejecución, se abordara su estado de salud.
El juez de Juicio Juan Martín Arroyo verificó el cumplimiento de los requisitos legales, homologó el acuerdo alcanzado y dictó la condena a siete meses de prisión efectiva por amenazas simples y desobediencia judicial.
Asimismo, dispuso que la Fiscalía informara a la víctima sobre su derecho a recibir información y a ser escuchada en las distintas instancias previstas durante la ejecución de la pena.
