La Cámara en lo Penal de Esquel confirmó la condena de seis años de prisión contra un oficial de la Policía del Chubut acusado de extorsionar a un detenido para que firmara la transferencia de una camioneta. El fallo ratificó la sentencia dictada en octubre del año pasado y rechazó los planteos presentados por la defensa del efectivo.
La resolución judicial recayó sobre Juan Emilio Llaipén, Oficial Subinspector de la fuerza provincial, quien fue hallado culpable del delito de extorsión, previsto en el artículo 168 del Código Penal. Los jueces consideraron acreditado que utilizó su condición de funcionario policial, junto con la exhibición de su arma reglamentaria, para intimidar a una persona privada de su libertad y forzarla a firmar documentación vinculada a la transferencia de un vehículo.
La investigación de la Fiscalía determinó que el 30 de mayo de 2024, en la Comisaría Primera de Esquel, Llaipén ingresó al sector de calabozos donde se encontraba detenido Nicolás Maximiliano Esteban bajo prisión preventiva.
Según quedó probado durante el juicio, el uniformado aprovechó la situación de vulnerabilidad de la víctima para exigirle que firmara el formulario “08” correspondiente a la transferencia de una camioneta Toyota Hilux a favor de un tercero identificado como Luciano Miguel.
De acuerdo con la acusación, el policía lo amenazó de forma directa para obtener la firma, advirtiéndole que sufriría agresiones físicas y sería trasladado a un pabellón conflictivo si se negaba a colaborar.
Al analizar el caso, la Cámara destacó que, pese a tratarse de un hecho ocurrido en un ámbito cerrado y sin testigos civiles, existió una importante cantidad de pruebas que respaldaron el relato de la víctima.
Entre los elementos valorados por los magistrados se encuentran registros de cámaras de seguridad que muestran el momento en que el oficial exhibe su arma reglamentaria dentro del sector de detención, además de mensajes intercambiados con Luciano Miguel, donde ambos coordinaban la maniobra y celebraban la obtención de la firma.
También se incorporó evidencia económica que acreditó una transferencia de 500 mil pesos realizada a la cuenta de Mercado Pago de Llaipén poco después de concretado el hecho.
A ello se sumó el testimonio de la escribana que intervino en la operación, quien declaró haber sido contratada por Miguel y sostuvo que el propio policía le indicó que evitara dialogar con el detenido durante la firma de la documentación.
En los fundamentos de la sentencia, la Cámara remarcó que el accionar del acusado evidenció una conducta deliberada, clandestina y orientada a obtener un beneficio económico ilegal.
Los jueces también señalaron la especial gravedad institucional del caso, al tratarse de un integrante de las fuerzas de seguridad que utilizó las herramientas y la autoridad otorgadas por el Estado para cometer un delito contra una persona bajo custodia.
Por ese motivo, concluyeron que la pena de seis años de prisión resulta proporcional a la magnitud de los hechos y confirmaron íntegramente la condena impuesta en primera instancia.
