La investigación judicial por un presunto caso de violencia institucional en Esquel dio un paso clave: la causa contra un efectivo de la Esquel fue elevada a juicio oral y público.
La decisión fue adoptada este 5 de junio de 2026 e involucra la actuación del fiscal Fidel González y del funcionario Julián Forti, quienes impulsaron la investigación que ahora quedó lista para debate ante un Tribunal Mixto.
Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el episodio ocurrió durante la madrugada del 18 de febrero de 2025, alrededor de las 03:42, en la intersección de calles Alsina y Sarmiento de Esquel.
El imputado, un cabo primero de la Policía de la Provincia del Chubut, habría descendido de un móvil policial e interceptado a un adolescente de 15 años que caminaba por la vereda. La Fiscalía sostiene que la intervención fue arbitraria y sin motivos de flagrancia.
En ese contexto, el efectivo le habría ordenado tirarse al suelo y posteriormente lo habría agredido con un bastón policial (“tonfa”), provocándole lesiones leves en piernas y una mano.
El tribunal avaló la acusación fiscal, que encuadra los hechos en los siguientes delitos:
La causa avanza bajo la órbita del Código Penal Argentino, con una imputación considerada grave dentro del marco de la violencia institucional.
Durante la etapa previa, la defensa había solicitado el sobreseimiento del imputado, argumentando que su jerarquía no le permitía dictar órdenes y que actuó en base a un supuesto llamado vecinal.
Sin embargo, el magistrado interviniente rechazó todos los planteos y sostuvo que no existe “certeza negativa” que permita desvincular al acusado en esta instancia.
Además, remarcó que su condición de efectivo policial implica conocimiento de los límites legales de su función, y que las explicaciones de fondo deberán ser debatidas durante el juicio oral.
El proceso será llevado adelante por un Tribunal Mixto de Juicio, que deberá fijar fecha de debate y definir su integración.
Con la elevación a juicio, la causa ingresa en su etapa decisiva. El tribunal deberá analizar pruebas, testimonios y pericias para determinar la responsabilidad penal del acusado en un hecho que vuelve a poner en debate el accionar policial y la protección de derechos de adolescentes en Esquel.
