La tensión política en Epuyén alcanzó un punto crítico tras la difusión del dictamen elaborado por la Comisión Investigadora del Honorable Concejo Deliberante (HCD), fechado el 13 de abril de 2026. El documento expone una serie de presuntas irregularidades que comprometen directamente la gestión del intendente José Contreras, y que podrían tener consecuencias institucionales de alto impacto.
Según el dictamen de mayoría, la investigación revela un manejo administrativo “carente de apego a las normas” y una reiterada falta de transparencia en asuntos clave de la administración municipal. Los concejales sostienen que la gravedad de los hechos amerita la intervención de organismos de control externos.
El acuerdo “Márquez”: el centro de la polémica.
Uno de los elementos más contundentes del informe refiere a un acuerdo extrajudicial entre el Ejecutivo municipal y el particular Lautaro Márquez, que implicó el pago de $4.200.000, la anulación de multas y exenciones impositivas, además de una orden para evitar inspecciones bromatológicas por dos años. Todo ello, pese a informes técnicos que advertían sobre condiciones sanitarias deficientes en el establecimiento involucrado.
Irregularidades en la Emergencia Ígnea 2025.
Otro de los puntos cuestionados es la falta de documentación clara sobre el uso de los fondos de emergencia durante los incendios de 2025. La Comisión menciona especialmente una donación de $31.000.000 proveniente de Lotería del Chubut, cuyo destino no fue debidamente informado ni respaldado.
Habilitaciones bajo sospecha.
El dictamen también observa irregularidades en la habilitación provisoria del “Centro de Visitantes” otorgada a la Asociación Civil Antú Quillén, señalando que esta decisión violaría los términos del convenio original de obra.
La Comisión destaca un “incumplimiento sistemático” del Ejecutivo ante los pedidos de informes del Concejo. Diversas solicitudes referidas al estado del parque automotor municipal, rendiciones de eventos como la Liga Municipal de Futsal o el Encuentro del Artesano, y documentación de áreas clave, no habrían recibido respuesta formal.
El informe recomienda remitir a la Oficina Anticorrupción los antecedentes vinculados a los acuerdos económicos bajo sospecha, al considerar que existen elementos suficientes para investigar una posible afectación al patrimonio público.
Mientras tanto, en Epuyén crece la preocupación ciudadana y el clima institucional se vuelve cada vez más tenso. El procedimiento de juzgamiento político sigue en marcha, y el futuro de José Contreras dependerá ahora de su capacidad para responder a un dictamen que, por el momento, proyecta más sombras que certezas sobre su administración.
