Ola de amenazas en escuelas: “Esto es un delito, no una broma”, advierte el fiscal Díaz Mayer

“No vamos a minimizar estas conductas”, dijo el fiscal Díaz Mayer, quien confirmó operativos policiales, investigaciones activas y la intervención de la Justicia frente a los mensajes intimidatorios dirigidos a escuelas.
Lago Puelo24 de abril de 2026 Redacción
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La Comarca Andina vive jornadas de inquietud ante la proliferación de amenazas de tiroteos dirigidas a distintas escuelas de la región, difundidas tanto mediante pintadas dentro de los baños como a través de redes sociales. La situación generó alarma entre docentes, estudiantes y familias, y encendió la intervención inmediata de la Justicia y de las fuerzas de seguridad.

El fiscal Carlos Díaz Mayer confirmó que ya se iniciaron investigaciones formales y que varios menores sospechados de haber participado en estos mensajes intimidatorios fueron identificados. “Estos mensajes no son bromas ni retos virales inocentes. Son delitos: amenazas, instigación e intimidación pública”, advirtió. En ese marco, se ordenaron allanamientos y el secuestro de celulares, computadoras y cualquier dispositivo utilizado para difundir estas publicaciones.

Desde el Ministerio de Seguridad se dispusieron rondines permanentes en los establecimientos educativos, a cargo de la Unidad Regional Esquel. “Hay más alumnos que policías, y muchos de esos alumnos son hijos de miembros de fuerzas de seguridad. La provincia entera está en alerta”, señaló Díaz Mayer, subrayando que cada intervención policial activa a la vez el protocolo judicial correspondiente.

El fiscal recordó que casos similares ocurrieron en otros puntos de la provincia y que, en todos ellos, se actuó con idéntica firmeza. “Vamos a identificar a los responsables y deberán dar explicaciones. No se puede minimizar este comportamiento: ya dejó de ser un chiste”, sentenció.

En paralelo, docentes y directivos trabajan internamente con los estudiantes para reforzar la importancia de la convivencia y del cuidado del espacio escolar. Incluso surgieron campañas espontáneas de jóvenes repudiando estos mensajes, recordando que su difusión afecta a toda la comunidad educativa.

Mientras la investigación continúa, las autoridades insisten en un punto clave: el rol de las familias. “Los padres deben saber qué hacen sus hijos en redes y cuáles pueden ser las consecuencias. La responsabilidad civil es de ellos”, destacó el fiscal.

La región permanece en estado de atención, con medidas reforzadas y un mensaje unificado desde la Justicia: frente a estas amenazas, no habrá tolerancia ni concesiones.

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