El Ministerio de Educación de Río Negro envió a todas las escuelas un protocolo de actuación ante situaciones de amenaza o presencia de armas de fuego dentro del ámbito escolar, con el objetivo de garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y toda la comunidad educativa.
El documento, titulado “Orientaciones de actuación ante situaciones de amenazas de armas de fuego en la escuela”, se enmarca en normativas nacionales y provinciales vigentes, como la Ley de Educación Nacional N° 26.206, la Ley Orgánica de Educación Provincial N° 4819 y la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Además, retoma lineamientos de convivencia escolar y experiencias previas en instituciones que ya atravesaron situaciones similares.
Entre los puntos centrales, el protocolo establece que ante cualquier sospecha o confirmación de la presencia de un arma de fuego, la prioridad es realizar de inmediato el llamado al 911 para activar la intervención policial. Esta acción debe ser ejecutada por el equipo directivo o un referente designado, garantizando una comunicación clara sobre la situación.
Asimismo, se indica que debe darse aviso al equipo supervisivo y a las autoridades educativas correspondientes, mientras se define la estrategia institucional para contener a estudiantes y personal. En caso de identificar a un alumno involucrado, se deberá convocar de forma urgente a su familia y aislar al estudiante en un espacio seguro, siempre acompañado por adultos y evitando cualquier tipo de juicio o criminalización.
El protocolo remarca que bajo ninguna circunstancia el personal escolar debe intentar retirar el arma, tarea que corresponde exclusivamente a las fuerzas de seguridad. También se establece que las pertenencias del estudiante solo podrán ser abiertas por la familia en presencia de adultos responsables.
En situaciones donde no se identifica a una persona involucrada —como amenazas anónimas o rumores—, también se debe dar aviso inmediato a la policía y evaluar medidas preventivas, como el retiro anticipado de estudiantes o la suspensión de clases, según el nivel de riesgo.
El documento pone especial énfasis en la comunicación institucional: se debe emitir un único mensaje oficial, claro y preciso, evitando especulaciones o difusión de información no confirmada. Además, se recomienda resguardar la identidad de las personas involucradas para evitar la revictimización.
Finalmente, se destaca el rol docente en la contención emocional del grupo, la generación de espacios de escucha y el acompañamiento en el regreso a clases tras una situación de crisis. El protocolo también promueve el trabajo conjunto con familias, organismos de protección y la comunidad educativa para fortalecer la convivencia escolar y prevenir hechos similares.
