Con 137 votos a favor y 111 en contra, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Glaciares, en una sesión que se extendió pasada la medianoche y que dejó profundas divisiones políticas. El oficialismo logró el quórum con 129 diputados presentes gracias al acompañamiento del PRO, la UCR, Innovación Federal, Independencia, Elijo Catamarca, Adelante Buenos Aires, Por Santa Cruz y parte del bloque Unidos.
La jornada legislativa, que inicialmente se preveía más conflictiva, terminó avanzando con mayor fluidez. La presencia de Karina Milei en el palco de Presidencia —ingresó cerca de las 22 horas— marcó el clima de seguridad del oficialismo, cuyos oradores incluso fueron desistiendo de tomar la palabra ante un escenario ya favorable.
La sesión comenzó con nueve pedidos de apartamiento de reglamento impulsados por Unión por la Patria y la Izquierda, todos rechazados por la mayoría oficialista. Entre ellos se destacó la solicitud de la diputada Paula Penacca para interpelar al vocero presidencial Manuel Adorni, que finalizó su intervención al estilo del Jefe de Gabinete con un contundente “fin”.
Otro momento de tensión se dio con el planteo de Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), quien pidió tratar tres proyectos relacionados con la criptomoneda $Libra, propuesta que también fue descartada por la mayoría de La Libertad Avanza y sus aliados.
Superadas estas instancias, se abrió el debate por la modificación de la ley. El encargado de presentar el proyecto fue el diputado sanjuanino José Peluc, quien defendió los cambios y respondió a las críticas: “Ustedes leen hasta donde quieren y entienden hasta donde quieren”, sostuvo. Su compañero de bloque, Nicolás Mayoraz, afirmó que la reforma demuestra que “la protección ambiental y el desarrollo sustentable son posibles”.
Desde la oposición, numerosas voces cuestionaron duramente la reforma. Maximiliano Ferraro reiteró su postura histórica contra el proyecto y lo calificó de “regresivo e inconstitucional”, acusando a empresas mineras de haber influido directamente en su redacción.
El diputado Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal), uno de los impulsores de la ley original sancionada en 2010, afirmó que la norma vigente “conciliaba intereses ambientales y productivos” a través del trabajo técnico del IANIGLA, organismo que —según advirtió— queda debilitado con esta modificación.
Por su parte, Juan Grabois (Unión por la Patria) lanzó una de las frases más resonantes de la sesión al asegurar que el proyecto oficialista “es una ley envenenada” y que permitirá actividades mineras que “van a envenenar el agua”. Comparó la reforma con “poner a Yiya Murano en el tanque de tu casa”.
Mientras la oposición desplegaba sus argumentos, en el oficialismo primó la estrategia del silencio. Los bloques que acompañaban al gobierno evitaron confrontar y se limitaron a esperar el momento de la votación, confiados en un resultado favorable que terminó confirmándose con holgura.
La reforma a la Ley de Glaciares quedó así aprobada y lista para su aplicación, en medio de un debate que promete seguir fuera del recinto, especialmente entre ambientalistas, sectores productivos y gobernadores de provincias cordilleranas.
