Marcelo Mamolitti, exsubsecretario de Servicios Públicos de la Provincia, y Mauro Palma, exjefe de la Delegación Noroeste de la Dirección General de Servicios Públicos, serán sobreseídos por el presunto delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
Habían sido denunciados el año pasado por Hernán Tórtola, secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, y por el entonces fiscal de Estado Andrés Giacomone, hoy ministro del Superior Tribunal de Justicia. Les imputaban obtener beneficios personales en el lapso 2015/24 gracias a su vinculación en Net 42 e Ingenio, empresas privadas que contrataban con Servicios Públicos.
En un escrito a la jueza de la causa, Silvana Vélez, el fiscal de El Hoyo, Nicolás Vasiliev, dijo no haber encontrado evidencia para sostener una acusación. Por eso pidió sobreseer a ambos.
La primera vinculación fue entre Transacue SA, dedicada a generar, transportar y distribuir energía, en donde Provincia posee 30% de las acciones, y la empresa Ingenio, cuya representación comercial ejercía Palma. El contrato era para operar y mantener la Estación Transformadora El Coihue.
Cuando declaró, el propio presidente de Transacue, Gerardo Aguilera, aclaró que ni Palma ni Mamolitti habían integrado el directorio de la empresa representando al Estado. Sin tener esta influencia, nunca pudieron concretar negociaciones incompatibles que los favorecieran de algún modo.
En cuanto al caso de Net42 SA, les imputaron haber tendido fibra óptica usando posteo de alumbrado público de manera irregular. Según la acusación, usaban postes de Servicios Públicos, que ellos mismos se autorizaban como funcionarios.
El fiscal explicó que Palma y Mamolitti eran socios de la empresa, pero se la vendieron a Sergio Benedetti. En su momento, Mamolitti, como director general de SP, cedió el uso de postes de línea eléctrica en favor de Benedetti. Como contraprestación la DGSP recibía el uso exclusivo de fibra óptica sin costo y 3.000 litros de combustible por año.
Fiscalía rastreó si la relación entre Mamolitti y Palma con Benedetti tenía un beneficio oculto y personal. “Aquí sí Mamolitti aparece como representante del Estado en su carácter de Director de Servicios Públicos, pero no se avizora cuál sería el interés particular en su beneficio”, concluyó Vasiliev.
“Los hechos investigados no encuadran en una figura legal. Es por ello que se requerirá el sobreseimiento de los imputados. Guiándome por el criterio de objetividad que rige el actuar fiscal considero que no se ha podido incorporar elementos que permitan requerir la apertura a juicio, debiendo operar la presunción de inocencia. Las evidencias colectadas resultan por demás endebles para sostener el hecho endilgado”, remata el escrito.
Fuente: Jornada.
