En una sesión marcada por fuertes cruces políticos y ambientales, el Senado aprobó los cambios a la Ley de Glaciares impulsados por el Gobierno nacional. La iniciativa obtuvo 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención —la neuquina Julieta Corroza—, y ahora será tratada por la Cámara de Diputados.
La votación mostró fracturas en distintos bloques. Acompañaron el proyecto los legisladores del interbloque kirchnerista Lucía Corpacci y Sergio Uñac, junto a senadores escindidos del espacio y representantes dialoguistas. En tanto, la bancada de La Libertad Avanza respaldó en pleno la propuesta del Ejecutivo.
Uno de los puntos más discutidos fue el artículo séptimo, que habilita a cada provincia a determinar la autoridad de aplicación encargada de identificar glaciares y ambiente periglacial en su territorio, salvo en áreas protegidas por la ley 22.351 de Parques Nacionales. Según el texto aprobado, las jurisdicciones deberán basarse en criterios técnico-científicos para establecer qué formaciones cumplen funciones hídricas estratégicas.
Desde el oficialismo defendieron la medida en nombre del federalismo y el dominio originario de los recursos naturales por parte de las provincias. En cambio, sectores opositores alertaron sobre una posible fragmentación de criterios ambientales y un eventual debilitamiento del rol del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), organismo técnico responsable del inventario nacional de glaciares.
También se advirtió que el nuevo esquema podría generar tensiones jurídicas e incluso chocar con compromisos internacionales asumidos por la Argentina, como el acuerdo Mercosur-Unión Europea.
Durante el debate, el oficialismo sostuvo que la reforma busca “armonizar la normativa con la Constitución y la Corte Suprema” y garantizar inversiones millonarias en minería y otras actividades productivas. “No es agua o trabajo”, señalaron desde el espacio libertario.
Por su parte, senadores de la oposición advirtieron que habilitar la revisión del inventario glaciar podría derivar en judicializaciones y mayor inseguridad jurídica. “Si este proyecto se convierte en ley, será pasible de recursos de inconstitucionalidad”, plantearon desde la UCR.
El proyecto se enmarca en la estrategia del Gobierno de avanzar con reformas estructurales orientadas a atraer inversiones y reactivar la economía. Sin embargo, organizaciones ambientales y parte de la oposición insisten en que cualquier modificación debe garantizar la protección estricta de las reservas estratégicas de agua dulce.
Ahora, la definición queda en manos de la Cámara de Diputados, donde se anticipa un nuevo capítulo de un debate que combina federalismo, minería, ambiente y desarrollo económico.
