El Senado de la Nación debate este jueves una modificación a la Ley Nacional de Glaciares (26.639), una de las normas ambientales más significativas del país, mientras el oficialismo intenta reunir los votos necesarios para aprobarla antes de que concluya el período de sesiones extraordinarias.
La ley original, sancionada por el Congreso en 2010 tras años de trabajo científico, social y ambiental, protege de manera integral todos los glaciares y el ambiente periglacial como bienes públicos y reservas estratégicas de agua dulce. Esta normativa fue ratificada como constitucional por la Corte Suprema de Justicia en 2019, y establece que la autoridad científica, a través del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), determina qué áreas deben ser resguardadas con base en estudios técnicos.
El proyecto presentado por el Gobierno nacional propone redefinir ese régimen de protección para otorgar mayor autonomía a las provincias en la definición de los cuerpos de hielo y zonas periglaciares que deberán ser preservados, así como introducir criterios como la “relevancia hídrica” para evaluar si una geoforma debe quedar bajo el amparo legal. Bajo esta lógica, si se demuestra que un glaciar o ambiente periglacial no presenta un aporte hídrico considerado “relevante”, las provincias podrían habilitar actividades económicas como la minería o la exploración de hidrocarburos en esos territorios.
Las provincias del norte de la cordillera, con fuerte presencia de sectores mineros y energéticos, apoyan la reforma argumentando que permitirá atraer inversiones, mejorar la gestión de recursos y respetar el dominio provincial sobre los recursos naturales reconocido por la Constitución Nacional.
Sin embargo, voces expertas y organizaciones ambientales advierten sobre los riesgos que conllevaría el cambio de enfoque. Según especialistas consultados por medios nacionales, introducir criterios poco precisos como el de “relevancia hídrica” puede generar incertidumbre acerca de qué zonas quedan protegidas, y podría relegar los criterios científicos a decisiones con mayor peso político. Además, señalan que el proyecto no especifica con claridad cómo se establecerán esos criterios ni asigna presupuesto para mantener actualizado el Inventario Nacional de Glaciares.
“La importancia de la Ley de Glaciares radica en la protección que brinda a reservas de agua dulce tanto para consumo humano como para el funcionamiento de los ecosistemas y la producción en regiones donde el deshielo es clave en años secos”, explicó un investigador glaciólogo a la prensa.
Advirtió que todos los cuerpos de hielo contribuyen al sistema hidrológico, ya sea de manera directa o mediante la recarga subterránea, y que dificultar ese enfoque técnico puede tener consecuencias graves para la disponibilidad de agua.
Organizaciones y académicos también cuestionan la constitucionalidad de los cambios, argumentando que podrían violar principios como la no regresión ambiental establecidos en tratados internacionales de los que Argentina es parte, y debilitar los presupuestos mínimos de protección ambiental que la Constitución obliga a garantizar.
El debate de hoy en el Senado se da en un contexto de fuerte presión política y social, con manifestaciones y pronunciamientos públicos tanto en defensa de la reforma como en rechazo a ella. Si el proyecto obtiene media sanción, será enviado a la Cámara de Diputados para su tratamiento en el próximo período ordinario en marzo, lo que prolongará la discusión legislativa.
La disputa no solo es técnica o jurídica. En el fondo, el debate enfrenta dos modelos: uno que prioriza la promoción de inversiones en sectores extractivos y otro que sostiene la necesidad de mantener un esquema de protección uniforme y basado en criterios científicos para resguardar reservas estratégicas de agua en un país atravesado por la crisis climática.
