El territorio en disputa está en Mallín Ahogado, El Bolsón. La Justicia había dispuesto un plazo hasta este viernes para que los integrantes de la lof Coronado Inalef se retiraran de forma voluntaria.
18 de marzo de 2024 Redacción
Este viernes venció el plazo establecido por el juez de Garantías de Bariloche, Juan Pablo Laurence, para que los integrantes de la comunidad Coronado Inalef se retiren de manera voluntaria del territorio que ocuparon en abril de 2023, por eso ahora se activa el proceso administrativo para avanzar en el desalojo por la fuerza.
Fuentes judiciales confirmaron que una vez cumplido el plazo fijado por el magistrado en la última audiencia judicial realizada en febrero, en los próximos días se instrumentará el desalojo con fuerzas policiales de ser necesario.
En la comunidad Coronado Inalef hay alarma y hoy se congregaban en el territorio del paraje Mallín Ahogado, de El Bolsón, para su defensa, según una convocatoria que se difundió.
A las 14:30, desde la comunidad mapuche se informó que el fiscal Francisco Arrien de El Bolsón se presentó con agentes de la Policía de Río Negro para dar inicio formal al desalojo y advirtieron: «continuamos resistiendo en nuestro territorio como lo hemos hecho desde generaciones».
Agregaron que «no se está garantizando ninguna seguridad física e integral hacia las y los integrantes de la lof como tampoco hacia las personas que han venido a acompañar «.
La presencia del fiscal estuvo vinculada a la notificación.
Tres imputados y una orden de desalojo ratificada
Esta semana el juez Juan Martín Arroyo de Bariloche ratificó la orden de desalojo que dispuso Laurence a mediados de febrero, por eso ese procedimiento es inminente y se concretaría la próxima semana.
En esta causa judicial, una de las que se reactivó en la agenda judicial tras la feria del verano, están imputados Cristina Coronado Inalef, Mariela Paola Troncoso y René Omar Gutiérrez, integrantes de la lof Coronado Inalef, por el delito de usurpación. En ese procedimiento se registraron episodios de violencia, según forma parte del expediente.
Esas tierras se encontraban en posesión de la familia Sepúlveda y la abogada Patricia Zavalía y su esposo.
Según definió el juez Laurence, hasta hoy la comunidad mapuche tenía plazo para el retiro voluntario, que no concretó ya que insisten en la pertenencia del territorio ancestral. Su abogada defensora Natalia Araya impugnó la decisión y mencionó el relevamiento indígena en trámite que tiene esta comunidad en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, pero un juez de alzada ratificó la medida.
El Parlamento Mapuche de Río Negro tiene una activa participación en la defensa de este territorio y considera que se trata de un “despojo” de la familia mapuche que tiene entre sus miembros a una mujer de 92 años, Sara Inalef.
Fuente: Río Negro.
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